¿La vuelta al nacionalcatolismo?

Luis María Cifuentes, catedrático de Filosofía y presidente de la SEPFI

En los primeros días de diciembre de 2012 un señor Ministro de Educación llamado José Ignacio Wert, palabra que en alemán significa “valor”,  ha tenido la osadía, que no el valor moral, de plantear un proyecto de ley denominado LOMCE que vuelve a los mismos principios de la escuela franquista del nacionalcatolicismo: unidad uniformizadora, segregación por razón de dinero y género, privilegios inadmisibles para la Iglesia católica y mercantilización general del derecho a la educación. Y uno se pregunta asombrado si estamos retrocediendo en el tiempo o es que los políticos del PP ya no viven en el presente sino que están anclados en el pasado más reaccionario de nuestro país.

Me interesa destacar solamente un punto de enorme retroceso en este proyecto de ley educativa. Me refiero a la alternativa que han impuesto los obispos en la enseñanza pública de una alternativa en 4º de la ESO a la religión y moral católica. Sus eminencias episcopales, no contentas con que la religión católica esté presente en todas las etapas y en todos los cursos de la Primaria y de Secundaria, han conseguido que el monaguillo del MEC haya introducido la alternativa de los “Valores éticos” como opción obligatoria y evaluable para todos los que no desean asistir a la clase de religión. Para los que llevamos años militando en organizaciones laicistas y estamos convencidos de que la laicidad es la única salida posible al hecho multicultural de nuestro país, es un gravísimo error y una injerencia inadmisible de la jerarquía católica en un Estado aconfesional y laico como el español.

Más allá de las posiciones morales y religiosas que cada cual pueda sostener, lo que es intolerable es que se cree una obligación jurídica y una prescripción curricular en torno valores éticos para aquellos alumnos que optan por no recibir enseñanza de religión y moral católica. Esta normativa es totalmente errónea desde varios puntos de vista.

En primer lugar, desde la filosofía moral que preconiza una formación ética común para todos los seres humanos basada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese código ético universalizable se encuentra ya un patrimonio común para todos los seres humanos, basado en la igual dignidad, en su racionalidad y en sus derechos y libertades fundamentales. La religión no se debe oponer bajo ningún concepto a esa fuente universal de moralidad y de dignidad humana; por eso, filosóficamente es un error la posición sostenida por el episcopado español en ese punto.

En segundo lugar, desde el punto de vista pedagógico es otro error  configurar en el ámbito educativo dos grupos de alumnos que reciben valores morales distintos y en muchas ocasiones contrapuestos. Los profesores de religión y moral católica están en la educación pública gracias a un nombramiento episcopal y realizan según la Iglesia católica una “missio canonica”, aunque les paga el Estado. Es decir, su status es bastante especial desde todos los puntos de vista. No tienen libertad  de cátedra, tienen que adoctrinar al alumnado, deben catequizarlo y están obligados a seguir la doctrina oficial de la Iglesia; de lo contrario, como se ha visto en numerosos casos, pueden ver rescindidos sus contratos laborales, ya que no son funcionarios públicos. Por lo tanto, enseñan en sus clases de moral católica  unos valores morales que en muchos casos son incompatibles con la libertad exigida en los Derechos Humanos.

Por último y yendo al fondo de este problema que es político y jurídico, cabe preguntarse por qué se mantiene la clase de religión en su versión confesional en las escuelas e institutos públicos de toda España cuando nuestro ordenamiento constitucional afirma que el Estado en España es aconfesional. En una sociedad multicultural como la española, en la que existe un pluralismo cultural, moral y religioso en las aulas y fuera de ellas, es ya hora de que se revisen los Acuerdos entre el Estado español y el Estado Vaticano y no se siga considerando el status de la asignatura de Religión católica como equivalente a las asignaturas fundamentales del curriculum, porque sencillamente no lo es; además, esos Acuerdos de 1979 son un claro ejemplo del mantenimiento de ciertos  privilegios para la Iglesia católica, algo que es contrario al espíritu y a la letra de la Constitución (Artículo 16.3).

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