Artículo de José Carrillo en El País, 02/11/2013.

A lo largo de los últimos 30 años la universidad pública ha experimentado un avance espectacular. De una universidad que, fundamentalmente, enseñaba pasamos a otra que enseña, investiga e innova, contribuyendo activamente al desarrollo de la sociedad. En el rankingde Shanghái, cuatro universidades españolas —UAB, UAM, UB y UCM— están entre los puestos 200 y 300, y 10 de ellas se encuentran entre las 500 mejores del mundo. Estos números se pueden analizar y utilizar de distintas maneras y con diferentes intenciones. La tan repetida obviedad de que ninguna universidad española está entre las 100 o 200 mejores pretende esconder otra realidad irrefutable: el 20% de las universidades públicas españolas están incluidas en el 3% de las mejores del mundo. Todo ello a pesar de que, históricamente, la inversión en educación superior e investigación ha sido notablemente inferior a la realizada por países de nuestro entorno.

Nuestras universidades pueden y deben seguir mejorando para jugar un papel dinamizador en una sociedad avanzada basada en el conocimiento, pero las políticas que, en el pasado, impulsaron el desarrollo del sistema universitario no son las que hoy practican el Gobierno nacional y la mayor parte de los Gobiernos regionales.

Aunque el principio de autonomía de las universidades está recogido en el artículo 27.10 de la Constitución, España ocupa el puesto 24 de 28 en el ranking sobre autonomía universitaria elaborado por la European University Association (EUA). La comisión de “expertos”, creada por el ministro Wert para analizar los problemas de las universidades, es ajena a esta realidad, proponiendo medidas que, prácticamente acaban con la autonomía. Mejorar la Universidad exige tener en cuenta la heterogeneidad del sistema. Las 50 universidades públicas son muy diferentes unas de otras, tanto en el tamaño, la especialización, la historia y la cultura, pero todas padecen insuficiencia financiera.

El primer paso debe contemplar una mejor financiación y una mayor estabilidad financiera de nuestros campus, si no es así, resulta absurdo hablar de mejorar el sistema universitario. A continuación la solución debe buscarse respetando la singularidad de cada universidad, singularidad que aporta riqueza y originalidad a nuestro sistema, lo<TH>cual significa profundizar en la autonomía universitaria en la mayor parte de las facetas contempladas por la EUA, asumiendo que mayor autonomía también significa mayor responsabilidad.

El Gobierno de España ha adoptado disposiciones legales, los Reales Decretos 14/2012, 20/2012, 1.000/2012 y 609/2013, que apuntan a un cambio de modelo. El Real Decreto 14/2012 causó el plante de los rectores al ministro Wert. Dicho decreto, entre otras medidas, estableció las horquillas dentro de las cuales las comunidades autónomas debían fijar los precios públicos de las matrículas universitarias generando incrementos desorbitados de esos precios en algunas comunidades.

Como consecuencia, un estudiante madrileño paga tres veces más que uno gallego o andaluz para cursar los mismos estudios de grado. En Madrid los precios de grado han subido de media un 60% en dos cursos, siendo la Comunidad más cara. Los másteres de carácter “no profesional”, incluidos los que abren las puertas a la investigación, han subido el 130%, cuestan 3.900 euros, lo que ha causado la pérdida de entre el 15% y el 20% de estudiantes. En el curso 2012-2013, en España, cerca de 30.000 estudiantes tuvieron dificultades para pagar la matrícula.

Estos datos ponen de manifiesto que estas subidas de precios, más aún en el actual contexto de crisis, son un factor de exclusión social, agudizada por el endurecimiento de las condiciones académicas y económicas para la obtención de una beca. Antes de estas subidas los precios de nuestros estudios universitarios no se podían considerar tampoco como bajos, ya que superaban con creces los de países como Francia, Alemania, países nórdicos, etcétera. Las medidas adoptadas estos dos años nos encaminan al modelo universitario británico, de precios muy altos, ignorando los graves problemas sociales y económicos asociados a esas políticas.

Además, lejos de incrementar las dotaciones económicas para equiparar los niveles de financiación con nuestro entorno europeo, en los últimos tres años las universidades públicas han sufrido importantes recortes, estimados en más de 1.200 millones de euros que se añaden a los cerca de 2.000 millones sustraídos a la investigación, buena parte de los cuales afectan a las universidades. Al igual que en el caso de las tasas, estos recortes afectan de manera desigual a las universidades en función de su ubicación. En particular, las universidades de Madrid sufrieron un recorte medio del 20%. Por otro lado, la financiación por alumno en la universidad mejor tratada es tres veces mayor que en la peor financiada.

Es necesario subrayar que los efectos directos de estás políticas no solo afectan a las universidades o a la comunidad universitaria, sino que tienen y tendrán cada vez mayor impacto en la sociedad que verá frenado su desarrollo y progreso. La educación y la investigación son inversión de futuro y no derroche de presente. Y retomando la idea cuya paternidad se atribuye a Derek C. Bok, Albert Einstein o André Malraux, podemos concluir que si invertir en educación es caro, prueben a invertir en ignorancia.

José Carrillo es rector de la Universidad Complutense de Madrid.