Necesitan más tiempo. Es el mensaje que tanto las comunidades autónomas gobernadas por el PP como las demás repetían antes de entrar a la Conferencia Sectorial que ha reunido este miércoles a todos los consejeros autonómicos con el ministro de Educación. Y Wert se ha visto obligado a ceder por la presión de las filas de su propio partido.

Finalmente, y tal y como reclamaban todos los representantes de Educación, el currículo de algunos niveles se diseñará  de manera más progresiva. José Ignacio Wert ha aceptado este miércoles por la tarde aplazar un año el desarrollo del currículo de la Secundaria (ESO) y el Bachillerato. No habrá cambios en el calendario previsto para la aplicación, aunque sí, según ha dicho el titular de Educación tras la reunión, se «limitará el desarrollo de los decretos» separando lo que se refiere a los contenidos de Infantil, Primaria y FB Básica de los de Secundaria y Bachillerato. No obstante, este cambio no exigirá tener que volver a pasar los textos por los órganos consultivos.

«Ha quedado clara la improvisación y precipitación» de Educación al haber accedido a «fraccionar» el desarrollo curricular. Así lo ha valorado Irene Rigau, consejera de Educación de Cataluña, una de las cinco comunidades que han dicho ‘no’ a la LOMCE antes de la reunión por la «imposición» del Ministerio en el desarrollo de la normativa. Con todo, no se demora el diseño del currículo para 1º, 3º y 5º de Primaria y las 14 titulaciones de la nueva FP Básica. Para estos niveles, la reforma ya habrá entrado en las aulas el próximo curso.

Una de las consejeras que ya se adelantaba su postura antes de la reunión ha sido Lucía Figar, responsable de Educación de la Comunidad de Madrid. Hablaba de «plazos ajustados» y pedía más tiempo para aprobar los planes de estudio de Secundaria y Bachillerato. Desde la consejería de Educación de Castilla y León, Juan José Mateos reclamaba también al ministro Wert «más tiempo para diseñar las distintas materias del currículo, más profesores con desdobles si hiciera falta y más trabajo». Por el contrario, María José Catalá, responsable de Educación valenciana se mostraba dispuesta a asumir el calendario inicial planteado por Wert, al que calificaba de «muy realista».

No es la primera vez que la presión de las comunidades autónomas gobernadas por el PP obligan a Wert a echar el freno con la LOMCE. Ya en noviembre, Wert anunció en el Senado un día después de reunirse en Génova con los consejeros populares su «disposición» para «revisar el calendario de aplicación» de la ley, pero advirtió de que esta decisión no afectaría «en ningún caso» a la fecha de entrada en vigor de la norma. Los representantes de Educación del PP consiguieron entonces que Wert retrasase un año la implantación de Secundaria y Bachillerato hasta 2015-1016.

A pesar de la concesión de Wert, las comunidades más críticas con la reforma educativa han salido del encuentro con el ministro casi con las mismas incertidumbres que entraron. «Los plazos siguen siendo los mismos por lo tanto la preocupación es la misma. Respecto a los dineros parece ser que se ha mejorado, pero vamos a ver cuánto nos llega y cómo, y después de eso hablamos», ha dicho la viceconsejera canaria, Manuela de Armas. El responsable andaluz, Luciano Alonso, se ha quejado de que se siga «sin ver claramente cuál va a ser el calendario de aplicación». «Hay un acelero y una prisa que no se corresponde con una ley de esta importancia», ha concluido.

Acallando las voces que calificaban de «inviable» la aplicación exprés de la reforma, el ministro ha reconocido que «el calendario es muy exigente para todos» y también «para el propio Ministerio de Educación», que se «ha esmerado» en tener todo a punto en «tiempo récord». En la rueda de prensa, el titular de Educación ha dicho que «podría ser una coincidencia» que las comunidades que han mostrado desde el primer momento un rechazo frontal a la LOMCE sean las que «encuentran imposible llegar a tiempo a ese desarrollo». «La prueba de que no es imposible -ha recordado Wert- es que una mayoría ha mostrado su compromiso en el cumplimiento de los plazos».

Además del aplazamiento en el desarrollo curricular de ESO y Bachillerato, el ministro escuchó otra de las peticiones de las comunidades que rechazan la LOMCE. Durante dos años los profesores del Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) podrán dar clase aunque no sean profesores de secundaria. Andalucía y País Vasco -con personal no funcionario contratado por los municipios no siempre titulación- pedían una solución a este problema.

2000 millones de euros para la financiación de la FP Básica

El tema de la financiación, no concretado por José Ignacio Wert hasta el momento, ha ocupado buena parte de las discusiones de la mesa sectorial de Educación. El ministro ha asegurado a los consejeros que la FP Básica y los itinerarios en cuarto de ESO contarán con una financiación de 2.000 millones de euros, 700 millones más de lo que anunció Wert el año pasado. De estos, 1.200 millones proceden del Fondo Social Europeo y los otros 800 estarán cofinanciados con las comunidades autónomas. Es la cifra inicial, pero Wert no se «compromete» a dar un número definitivo. Sí lo hará en abril, cuando en una nueva mesa sectorial se detallará el reparto de estos fondos.

Según sus palabras, podría darse un «sobrecoste» por un incremento en el número de alumnos que, se ha apresurado a decir Wert, se neutralizará con la «reducción de la tasa de repetición» que promete la LOMCE. «Eso es una cuestión a discutir en la revisión quinquenal del sistema de financiación de las comunidades autónomas y yo no comprometería una cifra porque tenemos que ir viendo qué resultados se van consiguiendo año a año y, en función de ellos, habrá que adoptar las previsiones que correspondan para atender al sobrecoste», ha señalado.

Irene Rigau, la responsable de Educación de Cataluña, cree que este sistema «no resuelve el problema» de financiación del programa. Por su parte, Ana González, representante de Asturias, ha manifestado que «hay muchos claroscuros en la financiación». «No sabemos cómo se va a realizar el reparto», ha criticado, para reafirmarse después en la intención de su comunidad de llevar la LOMCE al Tribunal Constitucional.

En el mismo tono, Andalucía se muestra escéptica con las nuevas cifras para financiar la FP Básica y confirma que va mantener el recurso de inconstitucionalidad contra la norma con el argumento de que las regiones tienen un Estatuto que la LOMCE «avasalla». Por el contrario, el consejero de Castilla-La Mancha, Marcial Marín ha mostrado su satisfacción porque el Ministerio vaya a cofinanciar y adelantar los 800 millones citados para la FP Básica. «Va a haber suficiente financiación», ha añadido.

No al cambio de libros

Coincidiendo con la reunión de representantes autonómicos de Educación con el ministro Wert, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha calificado como «gravemente irresponsable» que el Gobierno imponga un cambio de libros en un contexto de reducción «extrema» de becas, y ha recordado que muchas familias no pueden pagar el material escolar de sus hijos.

«La sociedad española no puede asumir un coste de 200 millones de euros que afectarán a un millón y medio de familias por el empeño de un ministro», ni pensar en el beneficio empresarial y los intereses económicos «de unos pocos», ha subrayado Jesús Salido, vicepresidente de CEAPA.

Los miembros de la plataforma también han criticado la «manipulación ideológica» del nuevo currículo escolar, que según ellos, está presente sobre todo en materias como Historia o Filosofía, y han afirmado que el cambio de libros de texto es «innecesario» porque «los contenidos son los mismos». Lo único que cambia es «la forma de dar los contenidos y lo que se pretende transmitir con ellos» con el fin de «adoctrinar», ha explicado Miguel de la Torre, secretario de Enseñanza Pública de UGT.

El portavoz de la Federación de Enseñanza de CCOO ha pedido al profesorado que sea «sensible» a la situación económica de muchas familias y no cambie los libros de texto de sus alumnos. «Nos proponen que tiremos a la basura libros vigentes, perfectamente válidos», ha añadido Salido, quien también ha destacado la «amenaza» que esta medida supone para los «bancos de reutilización de libros», puestos en marcha con motivo de la crisis.