Todos los decanos reunidos en Salamanca, con ocasión de la Conferencia de Decanatos de Letras, se comprometieron a hacer en sus respectivas Universidades una lectura pública de esta Declaración, que tendrá lugar de forma simultánea el día 6 de mayo a las 12 horas.

DECLARACIÓN DE SALAMANCA

Las Decanas y Decanos de las Facultades de Artes y Humanidades del conjunto del
Estado español, reunidos en asamblea los días 20 y 21 de marzo de 2015, en la XXIII
Conferencia de Decanatos de Letras, decidimos unánimemente manifestar con toda
contundencia nuestra inquietud por el deterioro de las Universidades públicas en la
docencia, la investigación y la gestión y nuestro firme compromiso de luchar por
defender el papel que la enseñanza de las Humanidades tiene en la sociedad y en el
momento actual.
Como responsables de una parte importante de la gestión que se realiza en las
Universidades y como miembros de la comunidad universitaria española, hacemos
pública la que, unánimemente, hemos decidido denominar
DECLARACIÓN DE SALAMANCA
1º) Demandamos un compromiso en la defensa de la Universidad pública y expresamos
nuestra oposición a la tendencia, cada vez más frecuente, a la externalización y
privatización de la gestión, basándose en la falsa pretensión de eficacia y rentabilidad de
este sistema y estableciendo una sinuosa, persistente y falsa dicotomía entre lo público,
sinónimo de ineficacia, y lo privado, de rentabilidad y eficacia.
2º) Demandamos la equiparación de los presupuestos de educación e investigación a la
media de la Unión Europea, ya que la reducción continuada de las asignaciones
presupuestarias a las universidades públicas y la constante incertidumbre en esta
materia han mermado la capacidad de actuación y han impedido una gestión adecuada.

3º) Demandamos un adecuado relevo generacional entre el profesorado, frente a las
políticas de recortes de estos últimos años que han supuesto la marcha de numerosos
profesores de la universidad pública por jubilaciones o por falta de perspectivas de
promoción. Las tasas de reposición se han convertido en un instrumento encubierto
orientado únicamente a la reducción del gasto, que conducirá inevitablemente a medio
y largo plazo a la desaparición de centros y de titulaciones ante la falta de profesores.
Por otra parte, esta política ha impedido la incorporación adecuada de profesorado en
formación, siendo sustituido por una mano de obra precaria y barata, y ha cercenado la
promoción de los docentes, acabando, de hecho, con la carrera académica.
4º) Demandamos una dedicación similar de todo el Personal Docente e Investigador a
tiempo completo en las universidades públicas. Esto implica la derogación del artículo
2.a y b. del Real Decreto 14/2012, y el reconocimiento de la actividad investigadora a los
solos efectos económicos, según el R.D. 1086/1989, pues la situación actual de la
valoración de la investigación a través de los llamados sexenios o tramos de
investigación es un fenómeno anómalo prácticamente en toda Europa y, más que
contribuir al incremento cuantitativo y cualitativo de la producción científica en España,
ha convertido la investigación en una tarea predominantemente formal, donde los
indicios de calidad y los índices de impacto -muchas veces manipulados o dirigidos- han
sustituido a la libre investigación y a la originalidad y han desterrado los contenidos y
las tesis consistentes, que son los elementos que caracterizan al verdadero
conocimiento científico. Por otra parte, este sistema ha creado frustración por muchas
valoraciones incomprensibles, poco objetivas o rigurosas en demasía, sobre todo en las
áreas de Artes y Humanidades, donde se imponen criterios valorativos aptos sólo para
otros campos científicos.
5º) Demandamos la suspensión, por parte del Gobierno de España, del Real Decreto
43/2015, y, de no ser así, no llevarlo a efecto por parte de las universidades, en lo
relativo a la posible estructuración de las enseñanzas universitarias en grados de tres
años y másteres de dos años. Nuestra exigencia se basa en que los motivos que
sustentan este Real Decreto son falaces y suponen, una vez más, un atentado contra la
enseñanza universitaria pública. Dicho Real Decreto se ha realizado en un contexto en el
que todavía se están acreditando los actuales grados sin tiempo apenas para efectuar
un diagnóstico y una evaluación consistente de los planes de estudio vigentes; no ha
tenido en cuenta las opiniones de la comunidad universitaria en su conjunto; altera las
competencias actuales de grados y títulos; no contempla la posibilidad de que se cuente

con másteres adecuados; encarece los estudios, vulnerando con ello la igualdad de
oportunidades al no garantizar la posibilidad de cursarlos a todo el alumnado; plantea
problemas técnicos de reconocimiento de créditos y, sobre todo, degrada, el nivel de
la enseñanza universitaria.
6º) Demandamos la equiparación de las tasas universitarias de grado y máster entre sí y
entre las diferentes Comunidades Autónomas, y la dotación del número necesario de
becas con la cuantía justa para evitar la quiebra del derecho constitucional a la igualdad
de oportunidades.
7º) Demandamos que cesen los excesos de intervencionismo de las Comunidades
Autónomas y del Gobierno de la nación en la Universidad, retomando el genuino
significado de autonomía universitaria que el artículo 27, 10, de la Constitución
Española confiere a la Universidad.
8º) Demandamos el cese de la burocratización creciente de la labor universitaria, que
agobia la gestión de los centros universitarios y que ha incidido en un incremento
desmesurado de las tareas administrativas del P.D.I., en detrimento de las docentes e
investigadoras.
9º) Demandamos un cambio sustancial de la situación del Personal de Administración y
Servicios de la Universidad, que también ha ido disminuyendo de manera alarmante,
mientras que se incrementaban las tareas administrativas. Esta circunstancia ha
repercutido en el retraso de las gestiones y en el deterioro de la calidad del servicio
público, además de crear un clima de descontento y de desmotivación en este colectivo.
Es, por ello, imprescindible y urgente dotar a las unidades administrativas de los
Centros, fundamentalmente, de personal suficiente y cualificado y de medios técnicos
adecuados.
10º) Demandamos un compromiso de diálogo y voluntad de alcanzar consensos entre
todos los actores del sistema universitario español para cualquier modificación
sustancial o estructural que le pueda afectar. Los Decanos de Artes y Humanidades
abogamos por un pacto de Estado entre las diferentes fuerzas políticas que confiera
solidez y continuidad al ámbito formativo universitario y que mantenga, respetando la
diversidad, unos rasgos/requisitos mínimos homogéneos para las titulaciones,
independientemente de los centros y Comunidades Autónomas donde se impartan.
En Salamanca, a 21 de marzo de 2015

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