Los abajo firmantes, profesores y profesoras de Filosofía, y profesionales de distintos ámbitos, manifestamos nuestra inquietud por la salida del Gobierno de Canarias de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, María José Guerra Palmero (Catedrática de Filosofía Moral de la Universidad de La Laguna).

Nos preocupa ver cómo su salida del gobierno se diría ha sido provocada por presiones interesadas en marcha mucho antes de los acontecimientos que se han señalado como causa de su salida, de tal manera que se ha descalificado su gestión independiente de intereses externos, o partidarios, desde el principio de la misma. El resultado de todo ello es que en Canarias –y en otras autonomías- parece que, bajo la pandemia, llevar a cabo una gestión de los intereses públicos con independencia, se ha convertido en una misión imposible. Mostrar una auténtica vocación de servicio público, tan indispensable en tiempos de clientelismos neoliberales se ha convertido en sí mismo en un factor de estigmatización. En el caso de María José Guerra, su intachable y probada trayectoria como académica, investigadora e infatigable defensora de lo público, tanto en sus escritos como en sus acciones, la situaban como una política independiente de las implacables maquinarias de partido, una rara avis, sin duda, dentro de nuestro panorama. La independencia de criterio no suele ser una cualidad apreciada en esos regateos mercantiles en los que se ha convertido la política y de las que son víctimas propiciatorias quienes no abdican de su independencia profesional y ética. En estos tiempos difíciles de pandemia, se nos viene a decir que la Filosofía, la independencia de juicio, el criterio ciudadano, no son pertinentes: dejemos la gestión en manos de los técnicos expertos, que la defensa de lo público y los valores asociados a este (el cuidado, la responsabilidad colectiva, la igualdad) no son prioritarios ahora.

De otro lado, observamos también con preocupación cómo en el Gobierno de Canarias ha prescindido de dos mujeres políticas (Consejera de Sanidad y de Educación) ¿Casualidad? No lo creemos así. Más bien, vislumbramos lo que es evidente: el cuestionamiento del ejercicio del poder por parte de las mujeres. Siempre está sometida a la falta de reconocimiento de su auctoritas; esta no le es propia, sino que tiene que ir ratificada por un varón que, además, no necesariamente tiene que ser su superior jerárquico. De todo ello – de los obstáculos estructurales de las mujeres en los cargos públicos- ha dado buena cuenta la Filosofía Feminista desde hace ya décadas. Y aún hoy, observamos cómo están presentes en nuestras democracias y se explican acciones de desautorización con los mismos recursos de siempre, descalificación y estigmatización.

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