Vivimos en un estado de emergencia climática. Y no, no se trata de ninguna metáfora. El 21 de enero de 2020, el Consejo de Ministros del Gobierno de España declaraba, de forma oficial, «la emergencia climática y ambiental». No eran, ni mucho menos, los primeros en hacerlo y tampoco serían los últimos. Antes que España ya la habían declarado Irlanda, Canadá, Francia y Argentina. Después, Austria, Malta, Bangladés, Italia…
La irrupción de la pandemia de Covid-19 en marzo de 2020 pareció interrumpir esta cadena de declaraciones, pero no ha sido así. Otros países, como Corea o Japón, lo hicieron a lo largo de 2020, junto a otras instituciones como ciudades, universidades, etc.
Estas declaraciones fueron recibidas por los movimientos por el clima con cierta alegría, desde luego, pero sobre todo con escepticismo ante la falta de medidas concretas que las acompañasen. ¿Cuál se suponía que iba a ser la acción de gobierno para responder a esa «emergencia» en la que se declaraba estar? La respuesta a esta pregunta ha sido, en casi todos los casos, decepcionante.
Sin embargo, sí hay una medida que ha sido propuesta por casi todos los gobiernos firmantes de esa declaración: la puesta en marcha de una Asamblea por el Clima con la cual se pretende incluir la participación ciudadana en la gestión de la crisis climática. Esta medida había sido defendida desde el grupo Extinction Rebellion como una de sus tres demandas principales, recogiéndola bajo la etiqueta Go Beyond Politics. Parecía que se daba así respuesta a una de las principales demandas del ecologismo, incentivando la participación ciudadana como una de las mejores formas de enfrentar la crisis climática.
No obstante, las dudas sobre la idoneidad del proceso no tardaron en llegar. Así, Calum McGeown publicaba el 26 de mayo de 2021 un artículo titulado «Citizen’s Assemblies Wont’s Save Us» en la Green European Journal, en el que analizaba la experiencia irlandesa de 2016 y detallaba algunos de los límites de este formato de asambleas ciudadanas. Límites que podían, llegado el caso, hacerlas fracasar. Tanto es así que Extinction Rebelion España lanzaba el pasado 24 de enero una campaña en twitter denunciando la ausencia de participación real, la falta de transparencia y, en última instancia, la inoperancia de la Asamblea Ciudadana para el Clima impulsada desde el MITECO.
Desde el Laboratorio, nos preguntamos por la importancia de la participación ciudadana en estos procesos, así como por la existencia de experiencias previas que puedan servir para superar los escollos que, de forma evidente, empiezan a dejarse ver en el desarrollo de las distintas asambleas ahora en marcha en distintos países. Para ello, dedicaremos el mes de febrero de 2022 a debatir acerca de estos temas. Invitamos a las personas interesadas a enviarnos sus propuestas y experiencias a esta dirección de correo: laboratorio@redfilosofia.es Se aceptará el envío de textos, vídeos o imágenes. Los textos no superarán las 800 palabras, los vídeos durarán entre 5 y 10 minutos, y las imágenes no tendrán más de 10 MB. Si han sido publicados con anterioridad en algún otro medio que pudiera reclamar derechos de propiedad, los autores/as tendrán que contar con la autorización de ese medio para su reproducción en la web del Laboratorio. Todas las colaboraciones serán susceptibles de comentarios por parte de cualquier persona, previo registro, para evitar comentarios anónimos. El equipo editorial velará para que ni las colaboraciones ni los comentarios incluyan falsedades, insultos o injurias a personas o colectivos