El político peor valorado de la historia de la democracia, según los últimos datos del barómetro del CIS, ha cerrado su año más duro con tres huelgas educativas masivas, decenas de protestas en todo el país de la ‘marea verde’ y una LOMCE aprobada con los únicos votos del PP, que, pese a que acaba de entrar en vigor, cuenta ya con voces insumisas. Y más: un tasazo que ha puesto en pie de guerra a la comunidad universitaria y una última revuelta, con rectificación y tirón de orejas de Bruselas incluido, a cuenta de los recortes en las becas Erasmus.

Pero la lista de Wert no acaba aquí. El próximo (y polémico) objetivo del ministro de Educación es la reforma del sistema universitario. La idea es equipararlo al europeo, sobre todo en lo referente a la financiación y a la forma de elegir sus órganos de gobierno.

Sin calendario establecido aún,  Wert ha señalado recientemente que quiere que la reforma esté lista este año. Y no tiene pinta de que el consenso sea un camino fácil, a pesar de que muchos rectores coinciden en la necesidad de mejorar el sistema universitario. Especialmente en cuanto a financiación, y más aún tras los últimos  recortes presupuestarios, el aumento de las tasas y las deudas que les tienen en estado de asfixia.

El problema vendrá en cómo se articulan estos cambios. De momento, los únicos datos que hay sobre la mesa son las recomendaciones del informe que presentó en febrero un Comité de Expertos –en el que ya hubo dos dimisiones–, dirigido por María Teresa Migas, catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid.

«Estamos realizando grupos de trabajo con los rectores desbrozando el camino de una reforma universitaria y estamos haciendo un gran esfuerzo de aproximación y diálogo con todas las partes. Una vez aprobada la LOMCE, tendremos más energías disponibles para abordar la reforma universitaria tanto en lo que se refiere a gobernanza como a bloqueo de plazas de profesor y a la financiación», explicaba Wert en una entrevista en  La Razón el pasado mes de noviembre, dejando claro cuáles son los puntos principales de esta reforma.

La financiación

El punto clave es cómo se financiará la reforma, teniendo en cuenta los recortes en los presupuestos autonómicos, a los que se suman varios casos de impagos y deudas. También hay más esfuerzo de las instituciones para becar a los estudiantes e impulsar el mecenazgo tras las subidas de las tasas y los recortes de las ayudas del Gobierno.

El informe de los expertos propone que en torno al 20% o 25% del presupuesto corresponda a un modelo de financiación por objetivos, es decir, en función del número de alumnos, los resultados de I+D o la empleabilidad de los alumnos, así como elevar el gasto público al 3% del PIB (lo recomendado por Europa), cuando el gasto actual no supera el 2%. Además aconseja establecer planes plurianuales para que los centros puedan calcular sus recursos futuros y realizar evaluaciones de calidad externas.

Wert ya dijo en marzo de 2012 que en España existe una «desproporción entre resultados e inversión» porque, pese a contar con «ingentes recursos», la situación «no se puede calificar como satisfactoria». En números: «Sólo un tercio de los estudiantes terminan un título sin repetir ningún curso» (la media de la OCDE es del 40%) y la tasa de abandono universitario es del 30%, el doble de la europea. «Si esto lo convertimos en dinero, significa que estamos tirando unos 3.000 millones de euros», sentenció el ministro.

«El problema del modelo de financiación autonómico es que hay una gran incertidumbre cada año. Es fundamental que haya un modelo estable y suficiente para que el desarrollo universitario tenga una estabilidad de futuro. Ahora es muy difícil hacer planes, ya no a cinco años, sino a dos», se queja Fernando Galván, presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) y rector de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH).

Por ejemplo, el presupuesto de las seis universidades de Madrid ha bajado más del 20% en los últimos tres años y la Comunidad les debe más de 21 millones en becas y otros 509 millones por el plan de inversiones 2007-2011, que están reclamados por vía judicial. La Complutense, con 221 millones de adeudo, ya ha obtenido dos sentencias favorables para recuperar más de 100,7 millones, aunque hasta octubre había cobrado menos de 40. El resto de las universidades, explica Galván a eldiario.es, cuentan ya con una sentencia favorable del TSJ para cobrar, pero no hay sentencia firme.

La profesora Clara Eugenia Núñez, directora general de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2009, explica que en España la financiación siempre ha sido «incrementalista». Es decir, que el presupuesto se aumentaba en base al del año anterior. «Pero como entre el 80% y el 90% de los gastos de la universidad son de personal, las que cuentan con una plantilla más envejecida (por encima de los 60 años) tienen un profesorado más caro que las universidades jóvenes». Esto es porque los sueldos, que también fija el Gobierno, están en función de la antigüedad, sin relación con el número de estudiantes o los resultados en investigación. «Eso es un disparate. Hay que ir a una financiación por objetivos, el que haga bien las cosas tendrá más dinero».

Las tasas

El llamado tasazo está en el punto de mira de los estudiantes. El ministerio decidió que cada comunidad estableciera sus precios dentro de una horquilla de máximos y mínimos, lo que ha dado lugar a enormes disparidades de precios de los créditos. Madrid, por ejemplo, es la comunidad con las tasas más altas del país, con un aumento del 68% en los dos últimos cursos.

Para el rector de la UAH, «no es normal que el coste de una carrera llegue a triplicarse» de un sitio a otro. «Medicina en Madrid cuesta unos 2.000 euros mientras que en otras comunidades oscila entre 800 y 1.000 euros. Y Derecho va de 1.620 a menos de 600 euros. Por eso debe haber una regulación estatal que otorgue seguridad y no discrimine a los estudiantes y sus familias, y que garantice la financiación de la universidad».

Núñez, en cambio, opina que las tasas «son muy uniformes en España», a pesar del reciente cambio normativo. «Debería haber un sistema más diverso, con titulaciones muy baratas y asequibles; y otras caras, en función de la calidad, y con la condición de que el dinero de esos ingresos fuera destinado a la financión de becas para los estudiantes sin recursos que quieran hacer esos estudios caros. Así, el sistema sería más equitativo. La verdadera equidad es que cada uno entre en la titulación para la que está preparado, y un mismo precio no garantiza la equidad».

La elección de los rectores

Este punto puede convertirse en uno de los más polémicos si se lleva a cabo la recomendación de los expertos, que  proponen la creación de un Consejo de Universidad que se encargue de elegir al rector, entre otros altos cargos, y de elaborar los presupuestos. Recomiendan que este órgano esté compuesto por los miembros que decida el claustro (la mitad), por personas elegidas por la comunidad autónoma (un cuarto) y un último cuarto acordado entre universidad y Gobierno entre personas de prestigio internacional.

Dos de los miembros del propio comité manifestaron que esto podía representar la pérdida de la autonomía de la comunidad universitaria y una injerencia política. Para dilucidarlo, el Gobierno pidió un informe a la Abogacía del Estado. La reforma también abre la puerta a que los rectores puedan ser académicos de cualquier universidad española o internacional. Ahora son del propio centro, elegidos por sufragio entre personal, claustro y alumnos.

«La independencia de las universidades es un mito. No son autónomas porque dependen en un 85% del presupuesto público. Lo que existe es autogobierno. Somos una especie de cooperativa en la que los trabajadores nos autogestionamos y entre todos elegimos a quienes nos gobiernan. Y esto ha quedado claro que es un disparate. Ha dado lugar a universidades sobredimensionadas que no responden a las titulaciones que pide la sociedad, ni por diseño, calidad o investigación», afirma Clara Eugenia Núñez.

Por esta razón, la visión de Núñez pasa por tomar modelos de éxito ya en marcha para que los gestores universitarios, tanto en su vertiente económica como académica, «sean elegidos al margen de los claustros y que sean responsables, es decir, que se les pueda pedir responsabilidades en el Parlamento autonómico o en las Cortes. Eso sí, no hay que tomar modelos que hemos visto que no funcionan –precisa–. Sería un error repetir lo que hemos visto poniendo a políticos en las cajas de ahorro».

Los profesores

El Gobierno encamina la reforma hacia una desfuncionarización del profesorado universitario. Propone mantener a los profesores titulados y catedráticos que acceden por concurso (con un sistema similar al actual pero mejorado, ya que actualmente cuenta con una bolsa de más de 5.000 profesores sobrecualificados y acreditados pero que no pueden ocupar su puesto), y huyendo de la endogamia en pos de la excelencia.

También busca mejorar la figura de los contratados por cada universidad según sus propios procesos. Ya hay un 49% de profesores no funcionarios, como marca la ley, pero en su mayoría con contratos temporales, como ayudantes o asociados. Este es otro punto que generó polémica en el comité, donde había reservas sobre si el tipo de contrato estatutario o laboral podía menoscabar la libertad de cátedra. La Abogacía del Estado resolvió que la naturaleza jurídica del contrato no es algo que incida de modo restrictivo en este derecho.

Reordenación de titulaciones y especialización

Que hay muchas titulaciones repetidas y muchos campus es una de las críticas más comunes al sistema universitario. En España hay cerca de un millón y medio de estudiantes de educación superior repartidos por las 79 universidades públicas y privadas, donde se ofrecen –según datos de 2012– 2.541 grados, 3.292 másteres y 1.751 doctorados.

Ante esto, los expertos recomiendan que prime la calidad frente a la cantidad, reordenando las titulaciones y fijando un mínimo de alumnos, y se pase de una universidad generalista a una más especializada a la hora de ofrecer titulaciones, y en la que tengan más peso las alianzas entre centros para que no todas tengan todas las titulaciones ni sean punteras en todo.

«La universidad española adolece de un exceso de generalismo, hacen de todo», dijo Wert en septiembre en TVE. Y añadió que «introducir elementos en el sistema educativo que fomenten la especialización es una forma de mejorar el sistema».

«Hay que ir a una optimización de los recursos –señala Núñez–. Tenemos una media de 10-11 alumnos por profesor, que no pasa ni en las mejores universidades del mundo. Es porque tenemos exceso de universidades y titulaciones redundantes, y no se corregirá mientras no se tomen medidas del tipo ‘vamos a dar tanto por estudiante, y usted ajuste sus costes'».

«La legislación española es demasiado intervencionista y reguladora –matiza–. Hay que hacer leyes más sencillas, con objetivos a cumplir. Necesitamos un sistema diverso y variado para dar respuesta a una sociedad tan diversa y variada como la española. No sirve, por ejemplo, un solo modelo de grados de 4 años para todas las titulaciones. Ese proceso unificador es un lastre tremendo sobre el sistema. El ministerio no puede decidir dónde poner o no una facultad, sino que debe hacerlo la propia universidad, dentro de la legalidad, que es quien da el servicio día a día».

Galván apunta que hay comunidades, como Castilla y León, donde ya han puesto en marcha acuerdos para reorganizar las titulaciones y que en Madrid se está haciendo en los posgrados. «Entre el 30% y el 40% de los másteres se imparten entre dos, tres e incluso cuatro universidades para rentabilizar los recursos, y está funcionando muy bien».