Pero la bajada no ha afectado a todos los campus por igual. Para algunos la crisis está suponiendo un huracán que ha hecho tambalear sus cimientos hasta el límite del rescate, mientras que para otros no pasa de un viento moderado fácil de capear. A la cabeza en recortes está, y muy destacada, la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), que ha perdido una tercera parte de su presupuesto en tres años. Se trata de un campus intervenido de facto por la Generalitat —que vigila con lupa sus abultadas cuentas rojas, de 114 millones— y rescatado en más de una ocasión, cuando a final de mes no podía pagar nóminas. La asfixia económica se tradujo el curso pasado en el despido de 340 trabajadores, fuertes movilizaciones y la dimisión del rector.

Estas cifras negativas contrastan con sus resultados, ya que la UPC es puntera en investigación. Precisamente el alto coste de la investigación, unas titulaciones caras de impartir (por los laboratorios y el material), la dispersión territorial (una veintena de escuelas en ocho ciudades) y la deuda de la Generalitat, de 25 millones, son algunas de las causas de su déficit, según resumió el rector, Enric Fossas, en su investidura el pasado diciembre.

Acompañan a la UPC al frente del tijeretazo las universidades de Castilla-La Mancha (29,7 %), Internacional de Andalucía (24,4%, sin impartir grados), Lleida (21,1%) y Málaga (20,4%). Las menos afectadas son la UNED, dependiente del ministerio, que tan solo ha perdido un 1,3%, Granada (5%), Jaume I de Castellón (5,8%), Huelva (6,4%) y Barcelona (4,4%, aunque inició los recortes un año antes, sumando el 10% de caída).La Universidad de Castilla-La Mancha, segunda más afectada, y su Gobierno han firmado la paz tras meses de conflicto, con tres requerimientos judiciales incluidos. Recibirá más dinero y se le pagará todo lo adeudado. “Hemos sufrido tres planes de ajuste, de 10, 32 y 10 millones”, cuenta Manuel Villasalero, su vicerrector económico. Se apostó por castigar en las tasas a los repetidores y no la primera matrícula (gravada con un 15% más) “porque somos la tercera comunidad con menor renta per cápita”. Pero apenas se ha recaudado más —como pasa en el resto de España— porque los alumnos se inscriben en menos materias (baja un 8%) y un 20% más aprueba en los exámenes. Castilla-La Mancha no ha hecho un expediente de regulación de empleo, “pero no se ha llamado a la bolsa de interinos como antes”.

Así que han ahorrado en los gastos corrientes de la universidad y sus centros de investigación y, sobre todo, en edificación. Los alumnos de Medicina en Ciudad Real, Farmacia en Albacete, Arquitectura en Toledo, Periodismo en Cuenca y Enfermería en Talavera estudian en edificios polivalentes a falta de los suyos propios. Las obras de los dos primeros están paradas y las otras no pasaron de la licitación. Además, no se construirán por el momento los cetros de investigación. “Esos edificios se iban a levantar con fondos FEDER y otros recursos que ya no tenemos”, explica el director general de Universidades manchego, José Manuel Velasco. “Cuando llegamos al poder había una deuda pendiente con la universidad de 120 millones y parte del dinero se ha ido a pagarla y no aparece en presupuestos, pero no se han quedado sin cash”, asegura el político.

La crisis ha llenado las aulas de jóvenes sin ninguna opción de encontrar trabajo sin formación y con sus familias más empobrecidas que nunca (se consume un 12% menos que en 2008). Para algunos expertos los recortes tienen aspectos positivos y negativos. “Había una gran bolsa de ineficiencia, que se ha mejorado, como en las programaciones, con grados o asignaturas con pocos alumnos”, apunta Josep Joan Moreso, presidente de la Agencia de Calidad Universitaria de Cataluña y antiguo rector de la Pompeu Fabra. Eso sí, alerta de que la financiación y la calidad “son vasos comunicantes” y que seguir con los recortes podría resultar catastrófico. De hecho, los rectores catalanes habían advertido de que ya se había ahorrado de todas las partidas posibles (consumos energéticos, contratos, mantenimientos…), así que ahora solo quedaba “tocar las plantillas”. “La reducción de profesorado originaría clases masificadas, menos atención al alumno, menos seminarios. Y también afectaría a la investigación, entonces dejaríamos de ser un polo de atracción de talento”, alerta Moreso.

La financiación no es un tema nuevo. Hace años que los campus reclaman más recursos, especialmente con la implantación de Bolonia, pero los fondos nunca llegaron. De momento, parece difícil pensar en incrementos públicos a corto plazo, así que muchos rectores miran hacia el sector privado, especialmente los exalumnos. “En Estados Unidos las aportaciones de los Alumni [antiguos alumnos] pueden representar entre el 25% y el 30% de la financiación, pero aquí no hay redes. Es necesario un cambio de cultura”, propone Moreso. Se empieza a explorar también el mecenazgo. La Universidad de Barcelona lanzó a principios de año una campaña para buscar donantes para restaurar un centenar de libros de alto valor histórico. “Hay gente que da dinero a ONG, pero a nadie se le ocurre hacer donaciones a la universidad donde estudió”, lamenta Moreso, a la vez que subraya el papel de ascensor social que ha supuesto la universidad para varias generaciones.

Para compensar la caída de la financiación pública se permitió aumentar las tasas, que en algunas comunidades como Cataluña o Madrid ha llegado al 66%. En Cataluña, “con la aquiescencia de los rectores se acordó subir las tasas, siempre que se implantaran las becas Equitat para hacer que este incremento fuera en función de la renta”, admite el exrector de la Pompeu Fabra.