En la época del Antropoceno, los seres humanos, y sobre todo los países ricos del Occidente euroatlántico, nos hemos convertido en una «fuerza geológica» capaz de alterar los ciclos de la biosfera terrestre y poner en riesgo nuestra propia supervivencia como especie. El capitalismo fosilista y extractivista, con el apoyo activo o el consentimiento pasivo de muchos gobiernos, está desposeyendo y expulsando de sus tierras a las comunidades campesinas e indígenas, expoliando y degradando los ecosistemas, agotando los recursos naturales, reduciendo la biodiversidad, contaminando las tierras, las aguas y el aire, y provocando el calentamiento acelerado de la atmósfera terrestre. Todo ello puede conducir a un colapso ecosocial global. Ya se están dando algunos casos de ecocidio y humanicidio a pequeña escala, en los más diversos lugares del mundo.
Ante esta época histórica sin precedentes, son muchas las comunidades afectadas, los movimientos sociales emancipatorios, las instituciones académicas, los parlamentos nacionales, los tribunales de justicia y los organismos internacionales que están comenzando a adoptar un nuevo paradigma jurídico basado en la «justicia ecológica» y en los «derechos de la naturaleza». Tras el Acuerdo de París sobre el Clima (2015), se han multiplicado las iniciativas en esta dirección.
En 2016, la Corte Constitucional de Colombia reconoció como sujeto de derechos al río Atrato y en 2018 ordenó a las autoridades públicas del país el reconocimiento de un estatuto similar a la Amazonía colombiana. En 2017, el parlamento de Nueva Zelanda aprobó la Ley Te Awa Tupua, que dotó de personalidad jurídica al río Whanganui, en respuesta a las reivindicaciones históricas de los maoríes. En 2018, el ayuntamiento de Toledo (Ohio, Estados Unidos) reconoció derechos al lago Erie, el más meridional de los Grandes Lagos, limítrofe con Canadá, aunque en 2020 un juez anuló la decisión. En 2021, el Ayuntamiento de Los Alcázares (Región de Murcia, España) aprobó una Iniciativa Legislativa Popular para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor, que fue admitida a trámite por el Congreso de los Diputados de España y que actualmente está siendo objeto de la preceptiva recogida de firmas a escala nacional. Este último caso es el primero en Europa.
Hay ya varias instituciones académicas que están estudiando todos estos casos e incluso dándoles apoyo jurídico, como el International Center for the Rights of Nature (CELDF), el Europa-Kolleg Hamburg, la Anima Mundi Law Initiative y la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Murcia. Hay también varios organismos internacionales que han elaborado documentos sobre los derechos de la naturaleza, como el Comité Económico y Social Europeo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas y un reciente informe del Secretario General de dicha organización.
El Laboratorio dedicará el mes de julio a debatir sobre estas cuestiones desde diferentes enfoques. Invitamos a todas las personas interesadas a enviarnos sus propuestas. Se aceptará el envío de textos, vídeos o imágenes. Los textos no superarán las 800 palabras, los vídeos durarán entre 5 y 10 minutos, y las imágenes no tendrán más de 10 MB. Si han sido publicados con anterioridad en algún otro medio que pudiera reclamar derechos de propiedad, los autores/as tendrán que contar con la autorización de ese medio para su reproducción en la web de El Laboratorio. Todas las colaboraciones serán susceptibles de comentarios por parte de cualquier persona, previo registro, para evitar comentarios anónimos. El equipo editorial velará para que ni las colaboraciones ni los comentarios incluyan falsedades, insultos o injurias a personas o colectivos.