Vanessa Álvarez González estudió ciencias ambientales y educación ambiental. Se ha especializado en feminismo, metodologías y presupuestos participativos, mediación comunitaria, gestión de conflictos, etc. Trabaja en La Corriente como responsable de comunicación y marketing, y es cofundadora de la cooperativa ecofeminista Lasgaya, una de las entidades participantes en el estudio Energía comunitaria. El potencial de las Comunidades Energéticas en el Estado español, promovido por Amigos de la Tierra. Integrante de Ecologistas en Acción, donde ha coordinado la campaña «Investigación y divulgación de los límites planetarios». También forma parte de la Red Ecofeminista, la Red de Mujeres por una Transición Energética Ecofeminista y el think tank ecologista Ecopolítica.
Cristina Alonso Saavedra es ingeniera industrial especializada en el sector eléctrico, donde ha trabajado más de 10 años como consultora. Cursó un máster en energías renovables y otro en derechos humanos, interculturalidad y desarrollo. Se ha especializado en la relación entre energía y género. Actualmente es responsable del Área de Justicia Climática de Amigos de la Tierra y coordina la campaña sobre Energía Comunitaria. Es cofundadora de la cooperativa ecofeminista Lasgaya. Ha escrito y coordinado informes como Energía comunitaria. El potencial de las Comunidades Energéticas en el Estado español, El estado actual de la energía comunitaria en el Estado español y recomendaciones para fortalecerla, de Amigos de la Tierra, y diversos artículos de esta temática. También forma parte de otros colectivos como la Red Ecofeminista o la Red de Mujeres por una Transición Energética Ecofeminista.
Vanessa y Cristina, gracias por aceptar esta entrevista con el Laboratorio. Empecemos por el principio, ¿en qué punto legislativo se encuentran las Comunidades Energéticas?
La nueva legislación europea en materia energética aprobada en 2019 a través de la Directiva de Energía Renovable revisada y la Directiva del Mercado Eléctrico dotan a las Comunidades Energéticas de nuevos derechos para garantizar el papel protagónico de la ciudadanía en la transición energética. Por primera vez aparecen como derechos ciudadanos el producir, consumir, vender, almacenar y gestionar en general la energía renovable.
Estas Directivas, concretamente la que recoge las Comunidades Energéticas Renovables (REDDII) debería haber sido transpuesta por parte de los estados miembros de la Unión Europea antes de julio del pasado 2021. Sin embargo, el Estado español sigue sin incorporarla a su legislación y, por tanto, carecemos de un marco legislativo adecuado que impulse de forma real los proyectos de Comunidades Energéticas.
Aunque el 23 de junio de 2020 el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 23/2020 -sin participación pública- que, entre otras muchas cosas, incorporaba la definición de comunidades de energías renovables a la legislación española, se trató de una copia casi exacta de la definición que aparece en la REDDII y no se incluyó nada sobre sus derechos o el marco habilitante. Se trató, por tanto, más bien de una transposición parcial, para poder convocar subastas de renovables, como ha pasado, donde se incluyesen a las comunidades energéticas, así como ayudas económicas para éstas.
Sin embargo, sin una transposición total de las Directivas, que incorpore una buena definición de qué son las Comunidades Energéticas y que habilite un marco normativo para su desarrollo, nos encontramos con proyectos ciudadanos que chocan contra un muro de obstáculos, lo que es aprovechado por el oligopolio para, como en el caso de transnacionales como Repsol o EDP, constituir sus propias “comunidades energéticas”. Proyectos que sólo responden a los intereses particulares de sus accionistas, es decir, maximizar sus beneficios económicos. Así, las Comunidades Energéticas impulsadas por la ciudadanía se enfrentan a la imposibilidad de participación real en las subastas de renovables o en programas de ayudas económicas (un ejemplo es el programa CE Implementa, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia). Corremos el riesgo de que este tipo de ayudas económicas no reconozca y facilite proyectos reales de Comunidades Energéticas en términos de empoderamiento ciudadano y democratización energética justa y sólo sirvan para continuar con las prácticas abusivas de las grandes empresas del sector mientras practican un poco de greenwashing.
Cómo parte que sois del equipo de coordinación e investigación en la publicación de Amigos de la Tierra Energía comunitaria. El potencial de las Comunidades Energéticas en el Estado español, ¿son las cooperativas las principales impulsoras de las Comunidades Energéticas?
Nos encontramos en un momento de inflexión donde se está construyendo un nuevo modelo energético basado en las renovables, y gran parte de él está descentralizado, es flexible y propiedad de la ciudadanía. La energía comunitaria es una forma práctica de abordar las múltiples crisis sistémicas actuales. Con la energía en manos de las personas, de manera colectiva, podemos hacer frente a los retos climáticos, ecológicos y sociales en común y de forma complementaria. La energía comunitaria revitaliza la economía local al facilitar que los beneficios, tanto económicos como sociales, de las instalaciones renovables se queden en los territorios, al crear empleos y, por tanto, fijar población, al disminuir las facturas eléctricas, al aumentar la independencia energética frente al oligopolio, al reducir el consumo energético, etc.
Y es aquí donde entra en juego toda la experiencia y el know-how de las cooperativas energéticas, las cuales llevan años situando la democratización de la energía y la justicia ecosocial en el centro del debate del nuevo modelo energético. Además, la mayoría de ellas trabajan desde otro prisma económico, desde la economía social y solidaria.
Por tanto, sí podemos decir que actualmente las cooperativas de energía se presentan como las grandes impulsoras de las Comunidades Energéticas, pero por el hecho de que ha sido un paso más en su trabajo hacia un empoderamiento ciudadano real en este ámbito.
Entonces, ¿las Comunidades Energéticas necesitan de una cooperativa energética para ponerse en marcha?
No, no es necesario. Pero sí que consideramos vital que haya ese trasvase de experiencia, conocimientos y buen hacer que tienen las cooperativas y han demostrado durante todos estos años de trabajo con todo el sistema en contra, para crear Comunidades Energéticas que se sustenten en la economía social y solidaria, con perspectiva feminista, con participación real y efectiva de quienes formen parte de ellas, con modelos de gobernanza abiertos, horizontales y democráticos, etc. En fin, para aprender de quienes ya llevan muchas luchas a sus espaldas, contra legislaciones, empresas del oligopolio, negacionistas, etc., para que toda la ciudadanía se lance a constituir sus propias Comunidades Energéticas.
Durante la investigación que hemos realizado se comprobó, además, que muchas de las Comunidades Energéticas actualmente en marcha o en proceso de constitución están fuertemente relacionadas con las Redes de la Economía Social y Solidaria. Reforzar estas redes incidirá directamente en el desarrollo de más Comunidades Energéticas.
¿Qué papel consideráis que juegan las Comunidades Energéticas en la lucha contra la emergencia climática y la transición energética justa?
Se ha constatado que las Comunidades Energéticas refuerzan el bienestar social y económico de su comunidad, al tiempo que reducen emisiones de C02. De forma concreta, en el Estado español podríamos estar hablando de un ahorro de emisiones de 17 millones de toneladas de C02 equivalente al año, como se indica en el informe de Amigos de la Tierra. Además, preservan el entorno natural. De esta forma se proporciona un modelo económico y social muy sólido que aborda los desafíos actuales para construir un futuro más justo, como así lo demuestran varios ejemplos.
Un estudio alemán revela que el rendimiento para la economía y las comunidades locales es hasta 8 veces mayor si estas instalaciones de producción renovable son propiedad de la ciudadanía local, las Comunidades Energéticas y otras PYMES. En particular, los ingresos procedentes de la producción local de energía renovable pueden proporcionar una base indispensable para realizar las inversiones necesarias en eficiencia energética en los edificios tanto públicos como privados, fortaleciendo así no sólo la economía, sino un modelo social más democrático.
En 1988, Güssing, una pequeña ciudad austriaca, no tenía una industria o un negocio comercial significativo. Ahora está prosperando gracias a la transición a los recursos renovables locales, habiéndose creado más de 1.000 puestos de trabajo. Una factura anual de 6 millones de euros por la importación de combustibles fósiles se convirtió en un ingreso de 14 millones de euros por la producción local de energía renovable. Siguiendo el ejemplo, más de 15 regiones de Austria son ahora energéticamente independientes en lo que respecta a la electricidad, la calefacción y/o el transporte.
Además, constituyen una herramienta de cambio de sistema necesaria, promoviendo una descentralización del sistema energético, impulsando la participación ciudadana real, contribuyendo a la cohesión social y a la creación de comunidades resilientes con enfoques de género e interseccionales que tengan en cuenta a colectivos históricamente infrarrepresentados. Y, por supuesto, garantizan un aumento de la independencia energética frente a grandes multinacionales, potenciando la soberanía energética y reduciendo la factura energética a final de mes.
¿Qué elementos deben tener las Comunidades Energéticas para luchar contra las desigualdades sociales?
Esta pregunta nos recuerda a la que les hacíamos en nuestra investigación a las personas que estaban impulsando una Comunidad Energética. Qué les movía a hacerlo, a juntarse para poner en marcha un proyecto en un momento como el actual: laguna legislativa y normativa, trabas burocráticas, una ciudadanía muy alejada del ámbito energético, etc. Y la respuesta era muy similar en todos los casos: impulsar otro modelo energético, descentralizado, justo, renovable y descarbonizado, tanto en el ámbito urbano como muy especialmente en el ámbito rural. Y, para ello, es fundamental desarrollar prototipos, escalables y replicables, para pequeñas poblaciones en áreas escasamente pobladas, sustentados en recursos renovables y endógenos que permitan la soberanía energética de los territorios pero también de las personas. Poder participar del sistema energético como prosumidoras y prosumidores y no meramente en el papel de consumidora o consumidor es una forma muy efectiva de luchar contra la desigualdad. Pero también es vital que las Comunidades Energéticas incorporen una visión amplia de las diferentes realidades personales de quienes forman dicha comunidad o podrían hacerlo. Tener en cuenta la realidad material de sus integrantes para que la cuestión económica no vuelva a ser lo que impida que todas y todos tengamos acceso a una energía entendida como un derecho, es decir, a una cantidad de energía que nos permita vivir de manera digna, acorde a los límites físicos del planeta.
Por ello, es vital que las Comunidades Energéticas potencien las energías renovables desde el consumo consciente y sostenible a través de proyectos comunitarios de autoproducción. No hay energía más limpia que aquella que no se llega ni a producir. Es necesario promover entre la ciudadanía una nueva cultura energética, a través de la educación y la formación (desde las aulas a los barrios), para mitigar los efectos de la crisis climática y constituir comunidades más resilientes y sostenibles.
Con vuestra experiencia, entrevistando a un gran número de Comunidades Energéticas, ¿están teniendo éstas en cuenta la perspectiva ecosocial y ecofeminista?
La gran mayoría de las Comunidades Energéticas entrevistadas sí contaban con una perspectiva ecosocial que veían como un fin en sí mismo, entendido como un horizonte de vida digna, saludable y sostenible para el municipio y el propio entorno natural.
En general, buscan promover el aprovechamiento de los bienes comunes naturales de manera sostenible y participativa para impulsar el desarrollo rural. Así mismo, muchas de ellas trabajan para impactar positivamente tanto en el medio ambiente como en la sociedad y en las familias, especialmente en aquellas que se encuentran en riesgo de empobrecimiento energético. Se entiende que es preciso producir y consumir energía en comunidad, partiendo para ello de las comunidades educativas, como oportunidad para impulsar la transición ecosocial.
En el caso de la perspectiva feminista, ecofeminista o de género, algunos de los proyectos han abordado esta cuestión de manera integral, aunque aún les queda un largo recorrido por delante. Otros, aún no han profundizado en ello aunque intentan tenerlo en cuenta.
Pero para evitar el «sesgo de género» que ya existe en el sector energético se necesita la implicación de diversas administraciones trabajando conjuntamente para establecer medidas de acompañamiento destinadas a fomentar la participación de las mujeres en los proyectos de Comunidades Energéticas, siendo recomendable incluirlo en la legislación que está desarrollándose.
¿Cuáles son las principales barreras a las que se enfrentan las Comunidades Energéticas?
La primera barrera es, precisamente, la falta de un análisis en profundidad que las identifique y que permita su despliegue como verdaderas Comunidades Energéticas, como viene indicado en las Directivas Europeas. A partir de ahí, es preciso crear un marco habilitador que tenga en cuenta todas esas barreras debidamente identificadas. Este análisis debería de comprender diferentes niveles: estatal, autonómico y local, ya que tanto las CCAA y especialmente los Ayuntamientos tienen o deberían tener un papel clave en el impulso de una transición energética no sólo renovable sino también justa. Además, desde lo local se pueden dar, de manera más efectiva, los espacios que permitan el empoderamiento de la ciudadanía.
En líneas generales, las barreras identificadas por la experiencia de colectivos ciudadanos, organizaciones e instituciones que están inmersos en el impulso de iniciativas de energía comunitaria coinciden, destacando las siguientes: la falta de un marco jurídico habilitador, una burocracia pesada, la dificultad para acceder al capital financiero, la falta de información clara, el escaso conocimiento y sensibilización de la ciudadanía en materia energética, así como la falta de dotación de las herramientas necesarias.
¿Proponéis alguna solución? ¿Desde qué ámbitos estáis trabajando las barreras que habéis mencionado anteriormente?
Desde Amigos de la Tierra se trabaja en dos aspectos fundamentalmente: por un lado, a través de un trabajo de incidencia política para el desarrollo de una buena transposición y marco legislativo que elimine estas barreras, un ejemplo de ello es la propuesta de un marco regulatorio como se puede ver en el informe Estado Actual de la Energía Comunitaria en el estado español y recomendaciones para fortalecerla; y, por otro lado, a través de la incidencia social, reforzando y acompañando un movimiento ciudadano de base que impulse una democratización real del sector energético, a través de campañas de sensibilización, formación y ayuda como la Guía práctica para impulsar la energía comunitaria o la coordinación de la nueva Coalición por la Energía comunitaria.
Desde la cooperativa Lasgaya queremos continuar contribuyendo al movimiento social mediante el asesoramiento y acompañamiento de iniciativas de Comunidades Energéticas, para incorporar de forma real tanto la participación social como la perspectiva feminista, tan necesarias y, más aún, en el contexto de crisis ecosocial. Además, continuaremos colaborando en informes e investigaciones para seguir acercando las Comunidades Energéticas a toda la ciudadanía.