Cuando la OMS declaró la pandemia global de Covid-19 y los gobiernos adoptaron medidas extremas como el confinamiento de la población y la paralización o reducción al mínimo de las actividades económicas y sociales no esenciales, el debate se centró en los colectivos más afectados por la enfermedad (sanitarios y personas mayores) y en los sectores económicos más afectados por el confinamiento (como la hostelería y el turismo).
En cambio, ni los gobiernos, ni los medios de comunicación, ni los expertos en epidemias prestaron demasiada atención a los niños y jóvenes, como si no fueran ciudadanos con los mismos derechos que las personas adultas. Se cerraron parques, escuelas, institutos y universidades, y se decidió que los menores de edad debían permanecer en casa y que la enseñanza debía ser a distancia. No se tuvieron en cuenta las necesidades de socialización y esparcimiento al aire libre de los más pequeños, ni la brecha social y digital que excluye a los más desfavorecidos y que se ha visto agravada por la pandemia, ni los problemas de conciliación que afectan sobre todo a las familias monomarentales con teletrabajo y escasos recursos.
Con la reanudación del curso escolar, muchos de estos problemas no han sido afrontados adecuadamente, a pesar de que ya se han alzado muchas voces denunciando esta situación. En España, ni el gobierno central ni la mayor parte de los gobiernos autonómicos se han tomado en serio la necesidad de aportar nuevos recursos, reducir la ratio de alumnado por aula, contratar más profesorado y personal de apoyo, proteger a los docentes que se encuentran en situación de riesgo y, en general, adoptar medidas imaginativas para paliar los efectos de la pandemia en el sistema educativo y en los colectivos más jóvenes.
En América Latina, la situación es más compleja, por cuanto se sigue en la crisis derivada de los contagios masivos por Covid-19, no hay protocolos de bioseguridad que garanticen un retorno efectivo a las aulas y tampoco existe un plan eficaz para garantizar que los niños, niñas y jóvenes puedan terminar adecuadamente el curso escolar.
En Colombia, por ejemplo, el gobierno nacional ha dispuesto el regreso a clases, pero los profesores a través de su sindicato se han opuesto a la medida, señalando que no hay condiciones que garanticen la vida y salud de los estudiantes y los docentes. En Ecuador, 10 colegios privados de la capital se encuentran en un plan piloto de regreso a clases desde el 1 de octubre. En Quito, la situación derivada de la pandemia también es alarmante y ha dejado más estragos en los sectores sociales más vulnerables; quizá por esta razón, los colegios públicos todavía no han dispuesto el regreso a clases.
Por todo ello, El Laboratorio considera necesario abrir un debate público sobre todas estas cuestiones. Tal vez la «nueva normalidad» que padecemos sea una buena ocasión para pensar qué educación queremos para los niños y niñas del siglo XXI, qué mundo social y natural vamos a legarles, y cómo hemos de ayudarles a afrontar la incierta era del Antropoceno.
Dedicaremos el mes de noviembre a debatir sobre estas cuestiones desde distintos enfoques y perspectivas, e invitamos a todas las personas interesadas a enviar sus propuestas. Se aceptará el envío de textos, vídeos o imágenes. Los textos no superarán las 800 palabras, los vídeos no durarán más de 15 minutos y las imágenes no tendrán más de 10 MB. Si han sido publicados con anterioridad en algún otro medio que pudiera reclamar derechos de propiedad, los autores/as tendrán que contar con la autorización de ese medio para su reproducción en la web de El Laboratorio. Todas las colaboraciones serán susceptibles de comentarios por parte de cualquier persona, previo registro, para evitar comentarios anónimos. El equipo editorial velará para que ni las colaboraciones ni los comentarios incluyan falsedades, insultos o injurias a personas o colectivos.