Ana Lilia Alcalá Gómez es Licenciada en Derecho y en Relaciones Internacionales, Maestra en Estudios Internacionales y Doctora en Ciencia Política por la UNAM. De 2008 a 2019 se desempeñó como servidora pública en distintas dependencias gubernamentales. Elaboró el Protocolo de acceso a la justicia para personas indígenas en la Ciudad de México. Actualmente es Coordinadora de Docencia y Responsable del Área de Educación Continua en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
Desde diciembre de 2019 el mundo entero ha tenido que enfrentar una pandemia sin precedentes: la Covid-19. Esta enfermedad infecciosa, causada por el coronavirus ha tenido impactos que van más allá de la salud pública, afecta en gran medida, los ámbitos económico, social y político de los países. Concretamente, uno de los retos más grandes en México ha sido la asistencia sanitaria para las personas infectadas y las medidas para atender epidemiológicamente la propagación de la pandemia, poniendo énfasis en los grupos de población más vulnerables como son las comunidades indígenas.
Los pueblos indígenas en México están enfrentando la pandemia sin acceso a agua potable, a recursos de salud pública o a información sobre la prevención en su lengua. En efecto, no se generaliza la condición que están pasando todos los indígenas, lo que sí agrava las condiciones de pobreza, violencia, exclusión, discriminación y despojo de tierras. Por ello, al hablar de Covid-19 es necesario reconocer las distintas realidades que atraviesan las comunidades indígenas.
Algunas circunstancias que ponen en desventaja a las comunidades indígenas frente a la pandemia de la Covid-19 son, entre otras, el acceso a los servicios de salud: 9 de cada 10 son afiliados al Seguro Popular, el 17,8% de la población indígena mayor de 15 años de edad son analfabetas, el 12,8% de las viviendas carecen de agua entubada, el 26,9% no cuentan con servicios de saneamiento y el 4,4% no dispone de luz eléctrica. Asimismo, el 13,9% de las viviendas indígenas son de madera y láminas con piso de tierra y en el 58,8% se cocina con leña o carbón. En consecuencia, del total de la población indígena que habita en 2.457 municipios en el país, el 87,5% se encuentra en condiciones de alto grado de marginalidad.
Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI (2015), el 10,1% de la población total es indígena, es decir, 12.025.947 personas (aunque la población indígena autoadscrita, aquella que se considera indígena aún cuando no habla alguna lengua indígena o no es integrante de algún hogar indígena, asciende a 25.694.928). De los 12.025.947 censados, 3.794.211 son considerados población económicamente activa, es decir, el 42% de la población indígena está ocupada en algún sector de la economía. De la población indígena ocupada, el 17% percibe un salario mínimo mensual, 30% dos salarios y 31% tres y más salarios mínimos, mientras que 12% se encuentra desempleada y sin ingresos.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud –informe del 19 de noviembre de 2020-, el estado de Yucatán presentó el índice más alto de letalidad por coronavirus con 250 defunciones, le siguen Oaxaca (206), la Ciudad de México con 128 casos, el estado de México (121), Puebla (113), en sexto lugar se encuentra Hidalgo con 110 y Quintana Roo con 108 casos. Los estados con menor número de defunciones confirmadas fueron Michoacán (68), Guerrero (65), Tabasco (51), Veracruz (49), San Luis Potosí (43), Campeche (40), Baja California (38), Sonora (34), Jalisco (30), Chiapas (27), Morelia (23), Chihuahua (21), Sinaloa (17), Nayarit (15), Tlaxcala (14), Coahuila (8), Tamaulipas (7), Nuevo León (6), Querétaro (6), Aguascalientes (4), Baja California Sur (4), Durango (4), Guanajuato (4), Zacatecas (3) y Colima (2).
Entre los meses de mayo a noviembre de 2020, el número de casos confirmados de Covid-19 aumentaron exponencialmente, pues a finales de mayo se tenía un registro de 1.995 casos y 253 defunciones, mientras que para mediados de noviembre se registraron 11.281 casos confirmados y 1.622 defunciones. Entre las causas de defunciones confirmadas, según comorbilidad, fueron: Hipertensión (42,5%), Diabetes (38,8%) y Obesidad (25,3%), en menor proporción se encontraron EPOC (6,8%), Tabaquismo (6,4%), Insuficiencia renal crónica (5,5%), Enfermedad cardiovascular (5,2%), Asma (3,0%), Inmunosupresión (2,3%) y VIH-SIDA (0,4%).
A estas enfermedades se suman problemas que, por décadas no se han resuelto, como falta de atención médica, viviendas dignas, alimentación adecuada, apoyos educativos, incentivos laborales y desplazamiento forzado, provocando mayor desigualdad, marginación y vulnerabilidad a los pueblos indígenas durante la pandemia por Covid-19.
Algunas medidas para controlar la propagación del coronavirus en las comunidades indígenas
Al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) corresponde no sólo garantizar los derechos de los pueblos indígenas sino además implementar protocolos de seguridad para evitar la propagación del coronavirus en las comunidades indígenas tomando en cuenta la libre determinación, autonomías, formas organizativas y especificidades culturales. De esta manera, el INPI emitió el 8 de mayo la Guía para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas ante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, cuyo numeral primero establece la traducción y difusión con pertinencia cultural y lingüística sobre las medidas de prevención y control de la epidemia de coronavirus.
Posteriormente a la publicación de la Guía de atención de pueblos indígenas, la cual fue traducida a 62 lenguas de las 68 que se hablan en el país con sus diferentes variantes, el INPI difundió un manual para evitar el contagio de coronavirus en lengua purhépecha y carteles informativos sobre Covid-19 traducidos a 10 lenguas. Sin embargo, ante la falta de compromiso por parte del gobierno federal y estatal de informar con pertinencia cultural a las comunidades indígenas para evitar el contagio del virus, algunas organizaciones civiles promovieron demandas de amparo para exigir la traducción de acuerdos declaratorios y medidas relacionadas con la contingencia sanitaria en lenguas indígenas, garantizando con ello el derecho a la salud y a la vida.
Tal es el caso de la organización Defensa Estratégica en Derechos Humanos que, con apoyo de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional y el Movimiento Campesino Regional Independiente, promovieron una demanda de amparo por la omisión de las autoridades del estado de Chiapas de traducir información sobre el coronavirus en cuatro lenguas de los pueblos Tsotzil, Tseltal, Zoque y Chol. El 8 de abril la jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Civiles Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, en el juicio 329/2020 concedió una suspensión de plano para que las autoridades municipal, estatal y federal para efectos de difundir a través de los medios masivos de comunicación (audiovisuales, orales y gráficos), las medidas sanitarias para prevenir y controlar los contagios. A más de tres meses de emitirse la suspensión no se ha realizado la traducción.
En el mismo sentido, la organización civil Litigio Estratégico Indígena presentó demanda de amparo por la omisión de las autoridades de traducir información sobre el coronavirus a la lengua zapoteca de la Sierra Norte de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Oaxaca. El 10 de abril el Juzgado Octavo de Distrito en Oaxaca, en el juicio de amparo 301/2020 emitió una suspensión de plano para efecto de que las autoridades responsables provean las medidas necesarias para que, por lo medios oficiales, se traduzcan y difundan a la lengua zapoteca de las comunidades de Oaxaca las medidas preventivas que deberán adoptar los habitantes de esos lugares, con motivo de la contingencia provocado por la Covid-19.
Por su parte, la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) han diseñado trípticos, manuales, materiales audiovisuales en 68 lenguas. Asimismo, INALI en colaboración con las Secretarías de Salud de 15 estados de la República –Chiapas, Chihuahua, México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz-, ha difundido en su sitio oficial carteles informativos sobre medidas sanitarias para controlar la propagación del virus y salvaguardar la salud de la población indígena. A pesar de ello, aún falta mucho por hacer para informar oportuna, adecuada y culturalmente a la población indígena sobre las medidas sanitarias, pues existe un desconocimiento de la enfermedad, en particular falta traducir y difundir información sobre los síntomas, diagnósticos, prevención y tratamiento.
Las causas son varias. En primer lugar porque no se toman en cuenta las estructuras de organización de las comunidades de pueblos indígenas. Por ejemplo, para la mayoría de las comunidades indígenas la radio es el principal medio de comunicación, sin embargo alrededor de 80 emisoras comunitarias que operan en zonas alejadas y rurales, 30 de ellas están a punto de desaparecer debido a que el gobierno federal redujo el presupuesto hasta en un 50% destinado para comunicación social, lo que impactará hasta en un 70% los ingresos de las radios comunitarias.
En segundo lugar, las comunidades indígenas no cuentan con equipo de cómputo y acceso a la conectividad lo cual hace imposible el acceso a la información que las autoridades gubernamentales difunden a través de plataformas digitales, más aún tras la suspensión de clases por la emergencia sanitaria niños y niñas indígenas no recibieron teleeducación y/o clases virtuales por falta de equipo de cómputo e internet.
En tercer lugar, una de las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus es lavarse las manos y disponer de mínimas condiciones de limpieza, empero en algunas comunidades indígenas no tienen acceso a servicio de agua potable y tampoco cuentan con jabón o gel antibacterial. Para este sector de la población, las medidas de prevención, distanciamiento y «quédate en casa o quédate en tu comunidad» no tiene sentido cuando no se tiene que comer y tienen que salir a la calle a trabajar.
La (d)eficiencia de la medida «quédate en tu comunidad» en tiempos de pandemia
En ejercicio de su autodeterminación, las comunidades indígenas han emprendido diversas estrategias para limitar la propagación de la Covid-19, como prohibir el acceso a personas ajenas a sus territorios. Más de 300 municipios de población indígena han bloqueado sus accesos y solo permiten el acceso al personal médico. Comunidades indígenas como Makurawe y Comcáac en Sonora, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Sierra Norte y Mixteca en Puebla colocaron retenes en los accesos principales para evitar el ingreso de personas que no viven o trabajan en la zona, a fin de evitar el contagio y con ello, salvaguardar la integridad y salud de los miembros de sus comunidades, según datos de las fiscalías de Derechos Humanos estatales. Por otra parte, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, el promedio de letalidad de casos por Covid-19 en el país ha sido de 12,4%, mientras que en la población indígena ha sido 16,5%. La diferencia se debe a diversos factores como el difícil acceso de las personas indígenas a los sistemas de salud, el traslado a unidades hospitalarias, la desnutrición, padecimientos respiratorios y el uso de medicina tradicional de acuerdo a sus estándares culturales. No obstante, del total de defunciones a nivel nacional, con corte a fecha 30 de julio, según la Secretaría de Salud, fue de 30.890 casos confirmados activos y 46.000 defunciones, de los cuales el 2% corresponde a población indígena.
Por consiguiente, la difusión que realiza la autoridad gubernamental –sea federal, estatal y municipal- debe ir acompañada de una política social y de seguridad alimentaria comunitarias. Esto es, garantizar el acceso a suministros indispensables de alimentos y medicamentos, brindar atención médica, trasladar de manera inmediata a enfermos contagiados de Covid-19 en ambulancias acondicionadas y crear clínicas móviles atendidas por personal de salud en las comunidades indígenas de todo el país.
En definitiva, la pandemia COVID-19 dejó en evidencia no sólo el racismo, la exclusión y la desigualdad que durante décadas han formado parte central de nuestra arquitectura social, sino además las limitaciones en la gobernabilidad y la discapacidad estructural. La medida «quédate en tu comunidad» es un problema que refuerza un discurso en el que supuestamente «todo está bajo control» y sostiene un paradigma que no es suficiente para resolver la situación, justamente porque no contempla la realidad indígena basada en una visión y práctica colectivas.
* Una primera versión de este artículo se publicó en Resonancias. Blog del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.