La minería submarina es una de las mayores amenazas que se ciernen sobre el futuro de los mares. Desde hace años, las asociaciones ecologistas nos están alertando sobre los riesgos de esta nueva forma de extractivismo. El Laboratorio, en su debate de junio sobre los océanos, ha querido hacerse eco del informe realizado por Ecologistas en Acción con el título «Ojos que no ven… La minería submarina en España», porque nos parece una excelente introducción, clara y didáctica, a los problemas derivados de esta nueva actividad económica. Para contextualizar el informe Ecologistas en Acción, reproducimos aquí el texto de presentación que lo acompañaba en el momento de su publicación.
En la última década y media, las políticas de financiación europeas para las llamadas “materias primas críticas” han hecho crecer de forma exponencial en España la influencia de quienes apoyan el concepto de llevar la extracción minera a los fondos oceánicos, tanto en aguas jurisdiccionales españolas como en aguas internacionales.
A pesar de los impactos que podría producir esta actividad, desde los efectos tóxicos de los metales pesados a lo largo de la cadena trófica (incluyendo los recursos pesqueros) hasta la liberación de gases de efecto invernadero secuestrados en los fondos oceánicos, pasando por la destrucción irreversible de la biodiversidad marina (con sus consecuencias incluso para campos como la investigación médica y farmacéutica), determinadas agencias gubernamentales y organismos públicos han continuado apoyando el avance de la minería submarina.
Mientras tanto, sectores de la sociedad civil como las organizaciones ecologistas (que ya se han opuesto frontalmente a estas prácticas) o las organizaciones pesqueras, así como los departamentos ministeriales de Pesca y Medio Ambiente, han quedado al margen de deliberaciones y decisiones a pesar del enorme potencial de impacto de esta actividad sobre los hábitats oceánicos. Frente a la creciente resistencia hacia la minería destructiva y contaminante en tierra, junto con una mayor concienciación y escrutinio por parte de la sociedad, la minería submarina es vista como un nuevo horizonte, especialmente por empresas mineras e inversores deseosos de alejarse del control, responsabilidades y obligaciones ambientales.
En España se han intensificado contactos para forjar colaboraciones público-privadas en las que el Estado financiaría la obtención de licencias en altamar (donde se encuentran los mayores depósitos conocidos), proceso en el que han jugado un papel importante el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Por otro lado, mediante ayudas públicas, se ha intensificado la investigación de depósitos de potencial interés comercial en aguas jurisdiccionales españolas, localizando zonas con mineralizaciones significativas de cobalto, litio, níquel, cobre, niobio, vanadio, tierras raras, itrio y de elementos del grupo del platino, entre otras.
Hasta el momento, el organismo público más influyente en la promoción de la minería submarina en España ha sido el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), tanto en el seno de organismos internacionales como la Alta Autoridad para los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), la cual gobierna la potencial explotación en aguas internacionales, como a nivel ministerial, buscando que España se sume al grupo de países que han apostado por esta actividad de futuro incierto. Desde 2007, España ha nominado siempre a miembros del IGME para la Comisión Jurídica y Técnica de la ISA que, entre otras funciones, debe evaluar las consecuencias ecológicas de la minería.
Este documento pretende abarcar más de una década de opacidad, ofreciendo una perspectiva general del estado de la minería submarina en España. El escenario actual de falta de regulación específica, las enormes dificultades para ejercer un control e inspección tanto de la exploración como de una eventual explotación, así como la pretensión de que esta actividad se pudiera llevar a cabo en aguas jurisdiccionales españolas aplicando la obsoleta Ley de Minas de 1973 y sus normas derivadas, hace que sea todavía más urgente un debate social y político sobre la minería submarina y sus potenciales consecuencias para la biodiversidad marina e integridad de unos fondos que apenas conocemos.
En este informe, realizado como parte de una colaboración entre el Área de Medio Marino y el Grupo de Minería de Ecologistas en Acción, se ofrecen los resultados de una investigación y análisis exhaustivo estructurados de la siguiente forma:
- En la introducción se explica brevemente en qué consiste la minería submarina, los tipos de yacimientos presentes en aguas jurisdiccionales españolas, los métodos de extracción actualmente en consideración, los impactos ambientales asociados a esta actividad y la situación normativa en España.
- En el siguiente bloque se presentan datos sobre los principales depósitos de mineralizaciones submarinas en aguas jurisdiccionales españolas que han sido apuntados como susceptibles de potencial explotación comercial: Las Abuelas, cadena de montes submarinos en las proximidades de las Islas Canarias; el Banco de Galicia, Loma Cantabria y El Cachuchu en la costa atlántica de Galicia y las costas cantábricas; y los depósitos existentes en el golfo de Cádiz y mar de Alborán, incluyendo el Banco del Guadalquivir y el Monte Al-Mansour.
- El informe presenta de forma sistematizada las posturas y reacciones ante la minería submarina tanto por parte de organizaciones ecologistas como del sector pesquero, así como las producidas en el incipiente debate político y entre las instituciones públicas del Estado.
- Por su relevancia en el avance de esta actividad, se ofrece un inventario de los principales proyectos de investigación que, en la última década, se han llevado a cabo con participación española e incidencia en el ámbito de la minería submarina.
- El informe concluye con un apartado en el que se recogen alternativas y recomendaciones.
Ecologistas en Acción espera que el presente informe pueda servir como contribución para un necesario debate social y político sobre el desafío que supone el avance de la minería submarina, tanto a nivel global como en la esfera de competencia de las administraciones españolas.