Pilar Montero Vilar es licenciada y doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, donde es profesora titular en el departamento de Pintura y Conservación-Restauración, y cursó el Máster en Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Autónoma de Madrid. Dirige el GREPAC, grupo de investigación complutense sobre gestión de riesgos y emergencias en patrimonio cultural y es IP del Observatorio de Emergencias en Patrimonio Cultural. Desde 2014 ha trabajado en el Plan de Protección de Colecciones ante Emergencias del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Plan PROCOERS). Es miembro asesor del Grupo de Trabajo para la implantación de los Planes de Salvaguarda de Bienes en Instituciones Culturales del Ministerio de Cultura y Deportes y forma parte de la comisión de seguimiento del Plan Nacional en Gestión de Riesgos y Emergencias de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Deporte.
La integración del patrimonio cultural en la gestión de desastres
En 2015 fueron suscritos a nivel internacional los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el Acuerdo de París para la reducción de las emisiones de efecto invernadero y el Marco de Sendai 2015-2030. En el Marco de Sendai se nombra el patrimonio cultural como uno de los elementos a proteger del riesgo de desastres. Además, cuando se propone la inversión en la reducción de riesgo de desastres para contribuir a la resiliencia social, se habla de apoyar la protección de los lugares de interés desde el punto de vista del patrimonio cultural y se destaca la necesidad de evaluar las pérdidas y el impacto de los desastres en el patrimonio cultural.
A nivel mundial, en los últimos años nos hemos enfrentado a situaciones indeseables de emergencias en las que hemos visto el patrimonio cultural comprometido. La última contribución del Grupo de Trabajo II del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático remarca la vulnerabilidad del patrimonio cultural tangible e intangible a los efectos del cambio climático y las pérdidas irremplazables que puede causar.
Lamentablemente, a los desastres de origen natural debemos añadir los de origen antrópico: la destrucción de los budas de Bamiyan en Afganistán (2001), de lugares históricos y religiosos sufíes y la profanación de tumbas en Libia (2011 y 2012), sitios culturales y religiosos en Mali (2012 y 2013), lugares milenarios como Palmira en Siria (2015), el saqueo y destrucción del museo de Mosul en Irak (2003 y 2015), los incendios del Museo de Río de Janeiro (2018) y de la catedral de Notre-Dame (2019), la vandalización de patrimonio como consecuencia de los movimientos sociales como el Black Lives Matter o los movimientos poscoloniales, la serie de ataques vandálicos a obras maestras en los museos por activistas contra el cambio climático desde abril de 2022, los actos vandálicos sufridos por el patrimonio alojado en las sedes de los gobiernos estadounidense (2021) y brasileño (2023). Esta no es sino una breve lista en la que podemos comprobar que la protección teórica del patrimonio por las distintas legislaciones nacionales e internacionales no ha llevado consigo la consecuente preservación real del mismo. En España, por ejemplo, donde proteger, conservar y acrecentar el patrimonio es un mandato constitucional, la Lista Roja del Patrimonio elaborada por Hispania Nostra no deja de crecer e incluye, en este momento, 1.233 bienes en peligro de desaparición.
En esta lista de desastres no nos podemos olvidar de la que ha sido calificada como la «peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial». En marzo de 2020, como consecuencia de la covid-19, los museos e instituciones culturales y religiosas cerraron sus puertas en todo el mundo y se encontraron repentinamente con la necesidad de reorganizar otras actividades fundamentales, como la gestión de la seguridad y la conservación de los inmuebles y colecciones. Por lo general, al nombrar las condiciones de la vulnerabilidad del patrimonio cultural, nos referimos a sus aspectos materiales relacionados con sus propiedades físicas: susceptibilidad de una obra frente al fuego, al agua, etc. Sin embargo, debemos ser conscientes de la identificación de otros aspectos o circunstancias de la vulnerabilidad que ponen en riesgo a todo el sector cultural: aspectos sociales, culturales, económicos, ecológicos, etc. De hecho, el impacto de la covid-19 no se limitó únicamente a los cierres de las instituciones y la cancelación de las actividades con el público, sino que las instituciones temieron por la inadecuación de la integridad estructural de los edificios y otros sistemas (eléctricos, seguridad, lucha contra incendios, etc.). De hecho, casi un 20% de las instituciones, según una encuesta realizada por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), consideraron que sus sistemas eran inadecuados para garantizar la conservación de los objetos bajo las circunstancias de un confinamiento. Pero, además, esta crisis ha visibilizado la vulnerabilidad del sector del patrimonio cultural, en el que muchos artistas y profesionales de la cultura han perdido sus formas de subsistencia.
Tampoco nos podemos olvidar de la situación creada por la guerra de Ucrania. Desde el principio del conflicto, el ataque al patrimonio cultural se ha contemplado como un daño irreversible contra la identidad del pueblo ucraniano, sus símbolos, sus valores y su historia; y las organizaciones dedicadas a la preservación del patrimonio (UNESCO, ICOMOS, ICOM, ICCROM…) han venido realizando declaraciones en las que advierten sobre la vulnerabilidad y el riesgo extremo que sufre el patrimonio cultural durante los conflictos armados. Cumplido ahora un año del inicio de la invasión de Ucrania, la UNESCO ha registrado, con fecha 17 de marzo de 2023, 247 elementos del patrimonio cultural gravemente dañados, entre ellos 107 edificios religiosos, 20 museos y 12 bibliotecas. La reiterada destrucción del patrimonio cultural ha impulsado al Ministerio de Cultura ucraniano a recoger evidencias que sirvan para documentar el alcance del desastre y posibiliten la aportación de pruebas en caso de que estos ataques puedan ser juzgados como crímenes de guerra de conformidad con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. A estas prácticas de destrucción intencional habría que añadir el expolio, el tráfico ilícito de bienes culturales y el saqueo, que persiguen, además del beneficio económico, acabar con la identidad cultural del pueblo ucraniano.
Lamentablemente, las pérdidas del patrimonio cultural ocasionadas por los desastres son la mayoría de las veces irreversibles e irrecuperables a la vez que comprometen los derechos culturales de generaciones enteras. Es una responsabilidad compartida de los Estados y sus instituciones, pero también de la sociedad civil, proteger su patrimonio como parte de su compromiso con la reducción de riesgos de desastres. Por consiguiente, es preciso incluir el sector cultural y la protección del patrimonio cultural en los planes de desarrollo y en las políticas de gestión de prevención y recuperación de los desastres. Esto implica un planteamiento holístico que va más allá de la estricta observación de los objetos o de las manifestaciones concretas, porque obliga a reconocer la naturaleza compleja del patrimonio cultural y a abordar y articular una ética colectiva de su protección. Es también una perspectiva ética la que debe jugar un papel central en la reconstrucción de un patrimonio en casos de conflictos a fin de incorporar estrategias integrales de promoción de los derechos humanos y de consolidación de la paz.