Vivimos en un estado de emergencia climática. Y no, no se trata de ninguna metáfora. El 21 de enero de 2020, el Consejo de Ministros del Gobierno de España declaraba, de forma oficial, «la emergencia climática y ambiental». No eran, ni mucho menos, los primeros en hacerlo y tampoco serían los últimos. Antes que España ya la habían declarado Irlanda, Canadá, Francia y Argentina. Después, Austria, Malta, Bangladés, Italia…
La irrupción de la pandemia de Covid-19 en marzo de 2020 pareció interrumpir esta cadena de declaraciones, pero no ha sido así. Otros países, como Corea o Japón, lo hicieron a lo largo de 2020, junto a otras instituciones como ciudades, universidades, etc.
Estas declaraciones fueron recibidas por los movimientos por el clima con cierta alegría, desde luego, pero sobre todo con escepticismo ante la falta de medidas concretas que las acompañasen. ¿Cuál se suponía que iba a ser la acción de gobierno para responder a esa «emergencia» en la que se declaraba estar? La respuesta a esta pregunta ha sido, en casi todos los casos, decepcionante.
Sin embargo, sí hay una medida que ha sido propuesta por casi todos los gobiernos firmantes de esa declaración: la puesta en marcha de una Asamblea por el Clima con la cual se pretende incluir la participación ciudadana en la gestión de la crisis climática. Esta medida había sido defendida desde el grupo Extinction Rebellion como una de sus tres demandas principales, recogiéndola bajo la etiqueta Go Beyond Politics. Parecía que se daba así respuesta a una de las principales demandas del ecologismo, incentivando la participación ciudadana como una de las mejores formas de enfrentar la crisis climática.
No obstante, las dudas sobre la idoneidad del proceso no tardaron en llegar. Así, Calum McGeown publicaba el 26 de mayo de 2021, en la revista Green European Journal, un artículo titulado «Citizen’s Assemblies Wont’s Save Us», en el que analizaba la experiencia irlandesa de 2016 y detallaba algunos de los límites de este formato de asambleas ciudadanas. Límites que podían, llegado el caso, hacerlas fracasar. Tanto es así que Extinction Rebelion España lanzaba el pasado 24 de enero una campaña en twitter denunciando la ausencia de participación real, la falta de transparencia y, en última instancia, la inoperancia de la Asamblea Ciudadana para el Clima impulsada desde el MITECO.
La participación ciudadana en la resolución de conflictos ambientales cuenta con una larga historia, que se desarrolla a través de diversas acciones, algunas auspiciadas por el poder, como estas asambleas por el clima, otras desde posiciones de confrontación, como pueden ser manifestaciones, acciones de lucha, propuestas de gestión comunal realizadas desde las comunidades implicadas, etc. Qué sea y que no sea “participación” es, por tanto, un concepto que debe problematizarse. Pero lo mismo pasa con la idea de “conflicto ambiental”. ¿Qué debemos entender por tal? ¿Lo es el proceso de descontaminación de los terrenos afectados por el tsunami y posterior accidente nuclear de Fukushima? ¿Lo son los diversos procesos de privatización del agua, realizados muchos de ellos sin ningún tipo de oposición ciudadana? ¿Cómo hablar de “conflicto” cuando somos incapaces de identificar a las partes del mismo?
Para abordar este debate, el Laboratorio ha contado con los siguientes invitados: Paula María Pérez (Ciudad de México), Paola Marín (Ciudad de México), Rafael Méndez (Tlaxcala) y Fabricio Correa (Ciudad de México), cuatro integrantes de la Asamblea Ecologista Popular (EPop) de México, que nos exponen en un video conjunto el objetivo principal de la EPop: construir desde abajo unos Pactos Ecosociales y presentarlos al Congreso mexicano por medio de una iniciativa ciudadana.
Desde Chile contamos con la presencia de Alvin Saldaña, abogado, activista ambiental y terapeuta. Actualmente es miembro de la Convención Constitucional de Chile, del bloque transversal de «ecoconstituyentes» y del colectivo Movimientos Sociales Constituyentes. Nos ha enviado un video para contarnos cómo se están trabajando los temas medioambientales en esta Convención.
Pau de Vilchez es profesor de Derecho Internacional y subdirector del Laboratorio Interdisciplinar sobre Cambio Climático de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Es uno de los promotores de la Asamblea Ciudadana para el Clima de les Illes Balears. En su video, nos habla de la gestación de esta Asamblea y de lo que esperan de ella.
María Mancilla (Université Libre de Bruxelles) y Violeta Cabello (Basque Center for Climate Change) han compartido con nosotros sus años de experiencia investigando y participando en conflictos alrededor del agua.