Maite Cruz Piqueras, Joaquín Hortal Carmona y Txetxu Ausín
Maite Cruz Piqueras, socióloga, docente e investigadora de la salud de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP). Coordina el Diploma Universitario en Bioética (EASP/UGR). Investiga en temas de bioética entre los que destaca ética y vacunación y ética e investigación con métodos y técnicas cualitativas. Joaquín Hortal Carmona, Médico de Familia, desempeña en las urgencias del Hospital de Guadix (Granada). Investigación en bioética con especial interés en ética de la distribución de órganos, ética de la vacunación y ética de salud pública. Txetxu Ausín, científico titular en el Instituto de Filosofía del CSIC. Dirige el Grupo de Ética Aplicada GEA. Sus líneas de trabajo son la ética pública, la bioética y la ética de las tecnologías disruptivas. Ha impulsado y dirigido la revista DILEMATA. Los tres pertenecen a la red ESPACyOS (Ética Salubrista para la Acción, Cuidados y Observación social).
Hay una escena hacia el final de la película Contagio (Soderbergh, 2011) en la que Matt Damon mira atentamente un bombo similar a los que se utilizan en los sorteos de la lotería con la esperanza de que el número extraído coincida con la fecha del nacimiento de su hija. Si saliera esta combinación obtendría para ella una vacuna que le proporcionaría inmunidad frente a un misterioso virus que se está expandiendo por el mundo y matando a miles de personas. Desconocemos si el ministro Illa y el gabinete de expertos encargados de hacer el plan de vacunación han visto el film de Soderbergh, pero lo que sí sabemos, a través de un escueto documento publicado por el Ministerio de Sanidad, es que los criterios para recibir la vacuna no van a basarse en que salga la fecha de tu nacimiento en un sorteo.
La ciudadanía asiste perpleja a decisiones que condicionan su vida a golpe de comunicados de prensa. Hay mucha comparecencia, pero poca explicación y menos pedagogía. Los tests de antígenos o las PCR; salvar la Navidad o salvar vidas; negacionistas frente a cientificistas… y ahora a esto se suma que no hay que preocuparse porque hay vacunas para todos, pero no se agolpen en la puerta y pónganse en la cola, que ya los iremos llamando. Son muchas las incógnitas que rodean este plan de vacunación, hasta cierto punto comprensibles, dado que las noticias sobre las propias vacunas cambian cada día.
Cuando hablamos de distribución, hablamos de justicia, y de cómo repartimos aquello que consideramos valioso: en este caso la vacuna frente a la pandemia, que está causando la peor crisis socioeconómica de los últimos cien años. Es previsible, y así lo muestra el Ministerio, que la vacuna esté disponible en oleadas y que no pueda cubrir toda la demanda. Por tanto, es imprescindible organizar a la población en una fila para ir accediendo a la vacuna. Cuál debe ser el orden de vacunación, sobre qué criterios y quién lo decide son las tres cuestiones fundamentales que hay que dilucidar.
Según se desprende del plan ministerial y de la información transmitida a través de los medios de comunicación, la población ha sido organizada en 15 grupos, establecidos por los “principios de igualdad y dignidad de los derechos de las personas, necesidad, equidad, protección a la discapacidad y al menor, beneficio social, reciprocidad y solidaridad”. A grandes rasgos, los grupos responden a diferencias de edad, padecimiento de enfermedad crónica o discapacidad, desempeño laboral y situaciones diversas de vulnerabilidad ante la pandemia. Por el momento, sólo sabemos que los primeros en vacunarse serán residentes y personal de residencias sociosanitarias, junto con el resto de profesionales sanitarios y personas con un alto grado de dependencia no institucionalizadas.
Parecería que la elección de las personas institucionalizadas y con discapacidad daría respuesta a los grupos poblacionales en los que más muertes se han producido. Según declaraciones de Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España y miembro del grupo de expertos que ha propuesto esta prelación: “En la priorización de la vacuna ha pesado la vulnerabilidad y la deuda que tenemos con los mayores”. Este criterio prioriza a quienes más riesgo tienen de morir si enferman, y concilia, por un lado, el trato equitativo hacia quienes se encuentran en situaciones desfavorecidas y, por otro, la maximización de los resultados, medidos como número de muertes evitadas. Anteponer esta estrategia a otras que podrían frenar la transmisión (como vacunar a los jóvenes), supone una priorización de la protección del bien individual de la vacuna sobre su capacidad de beneficiar al conjunto de la población y un reconocimiento implícito, no suficientemente argumentado, de que el proceso de vacunación va a ser largo.
Conceder prioridad a los profesionales sanitarios se argumenta desde varias perspectivas. Por un lado, reconocer su valor instrumental esencial frente a la pandemia, es decir, no sólo necesitamos profesionales sanos que asistan a las personas enfermas, sino que cuenten además con una inmunización que disminuya el riesgo de convertirse en vectores de la infección (contando con que la vacuna atenúe la contagiosidad). Y por otro, la reciprocidad, es decir, el reconocimiento de su esfuerzo y exposición al contagio en el desarrollo de su trabajo durante los peores momentos de la pandemia.
Estas dos prioridades propuestas por el gobierno pueden justificarse éticamente si se consideran prioritarios los criterios de vulnerabilidad, por un lado, y de utilidad y reconocimiento social, por otro. Pero conocer este orden no es suficiente: resulta imprescindible que las razones que han conducido al establecimiento de estos 15 grupos sean públicas. En un escueto párrafo muy pertinente del texto ministerial se habla de “principios de orden más procedimental como la participación, transparencia y rendición de cuentas”, pero queda por saber cómo se articulan estos principios y qué mecanismos de participación se han puesto en marcha. Sin conocer el grupo de expertos que han propuesto los criterios ni la justificación de su elección, se dificulta la rendición de cuentas.
Este contexto de gran incertidumbre no puede abordarse únicamente como una cuestión técnica o epistémica (lo que se sabe frente a lo que no se sabe), sino también como una pregunta sobre preferencias y valores (lo que se debería o no hacer, lo que estamos dispuestos a aceptar como sociedad). Y para ello se necesita gobernanza ética, es decir, articular públicamente la transparencia y la participación, con la deliberación y defensa pública de los criterios de distribución seleccionados: una argumentación pública que dé cuenta del porqué de la elección de esos 15 grupos de población y del orden en el que se vayan a priorizar para acceder a la vacuna. Nos jugamos mucho si no se abren canales de participación para la población sobre estas decisiones que tanto nos afectan, porque es uno de los procedimientos que permiten mantener la confianza tanto en las instituciones como en la vacuna.
De nada sirve definir criterios de reparto si la población, como parecen indicar los últimos barómetros del CIS, no confía en la vacuna. No se podrá distribuir con uno u otro criterio si no aumenta la confianza de la población. La desconfianza es letal para enfrentar una situación como la actual. Por contra, la gobernanza ética promueve la corresponsabilidad, porque supone una forma de coordinación entre los agentes políticos y sociales. De ese modo, la solución de los problemas sociales no se lleva exclusivamente a través de una autoridad suprema, sino mediante la acción y cooperación expresa de diferentes actores.
La hija de Matt Damon en Contagio queda relegada por el azar a vacunarse 144 días después del sorteo. Desconocemos si los grupos más grandes (los mayores de 64 años, por ejemplo, se cuentan por varios millones) podrán cubrirse con la oferta de vacunas, por lo que la lotería puede ser un criterio adicional válido, igualitario e imparcial para ordenar esta fila de vacunación. Pero en la definición de los 15 grupos, la suerte debe quedar relegada en pos de una especial protección y consideración hacia quienes están llevándose la peor parte de esta pandemia, para ello precisamos una justificación ética pública y compartida que vaya más allá de que «la suerte nos acompañe».