Teresa Vicente Giménez es jurista, profesora de Filosofía del Derecho y directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Murcia. Ha sido pionera de la Justicia ecológica en España. Desde su tesis Justicia y Derecho ambiental: para un modelo de la justicia ecológica (1992), editada en 1995, ha publicado y coordinado otros libros, capítulos de libros y artículos sobre la Justicia ecológica y los derechos de la Naturaleza. En 2019 participó en la COP 25 celebrada en Madrid, nominada por Naciones Unidas en el grupo de Mujeres por la Justicia Climática. Actualmente es promotora de la Iniciativa Legislativa Popular para reconocer personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor, la mayor laguna salada permanente de Europa.
Los derechos de la Naturaleza y la ILP del Mar Menor
La ciencia de la Ecología, que se desarrolla a lo largo del pasado siglo XX, nos ha demostrado que la Naturaleza no es un mero objeto para ser explotado por un modelo económico que no tiene en cuenta sus propias leyes, sino que es un sujeto biofísico, la llamada biosfera, que incluye a la humanidad como una de sus especies, por lo que debe ser respetada por las leyes humanas para que podamos vivir en armonía con ella.
Democracia de la Tierra, ecocidio, derechos de la Naturaleza son los términos que en todo el mundo expresan el grito de la Tierra y el grito de la humanidad desde una nueva idea de Justicia que incluye a la Naturaleza. Es esta nueva idea de Justicia la que puede ayudarnos a abordar la amenaza existencial del cambio climático, que está haciendo que nuestro planeta sea cada vez menos habitable.
En la historia del Derecho ha comenzado una nueva etapa, protagonizada por el paradigma jurídico de la Justicia ecológica y los derechos de la Naturaleza. Este nuevo avance se está gestando con un fuerte protagonismo de la sociedad civil, para hacer frente a la injusticia y la irracionalidad de tratar a la Naturaleza como un mero objeto y conducirla a su progresiva degradación. Menos de un 5% de la Tierra permanece intacto, como nos recordó el biólogo Fernando Valladares en el Día Mundial de la Tierra.
Ha llegado el momento de superar el paradigma antropocéntrico en el que está anclado el Derecho, para abrirlo a una perspectiva ecocéntrica. Se trata de seguir avanzando en el proceso histórico de desarrollo del Derecho moderno. La primera etapa de ese proceso comienza a finales del siglo XVIII, después de la Revolución Francesa, y tiene como marco fundamental el paradigma de la Justicia liberal. En esta primera fase de la democracia liberal sólo se reconoce personalidad jurídica, capacidad jurídica y capacidad de obrar, al hombre (blanco y propietario) y a las sociedades mercantiles y corporaciones banacarias e industriales. Las mujeres, las clases sociales desposeídas y los pueblos no europeos no podían ser titulares de derechos propios, se les negó la capacidad jurídica y la capacidad de obrar para tener y ejercer sus derechos.
Durante los siglos XIX y XX, las revoluciones de las clases sociales excluidas, de los pueblos colonizados y esclavizados por los europeos y del movimiento feminista, reclamaron que se les reconocieran derechos propios en condiciones de igualdad, esto es, tener personalidad jurídica y ser titulares de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, a partir de un nuevo modelo de Justicia social que se hará positiva, en la segunda etapa del Derecho moderno, con el modelo del Estado social de Derecho o democracia social.
En el siglo XXI, ante el cambio climático y una crisis ecológica y social cada vez más grave, la comunidad científica reclama un cambio radical en el modelo de desarrollo para afrontar los nuevos retos de la humanidad. Como respuesta se está abriendo paso, con un gran protagonismo de la sociedad civil a escala local y global (indígenas, campesinos, vecinos de los barrios urbanos más degradados, ecologistas, etc.), el nuevo paradigma de la Justicia ecológica, y, con él, una nueva responsabilidad humana: la exigencia de respetar los derechos la Naturaleza.
Esta última etapa ha puesto de manifiesto que la protección jurídica de la Naturaleza, iniciada hace más de cuatro décadas con la legislación ambiental, no ha funcionado adecuadamente, porque, aunque esa legislación trató de internalizar las externalidades ambientales en el orden jurídico y económico, ha continuado anclada en el paradigma antropocéntrico que concibe a la Tierra como un objeto, como una mera propiedad a disposición de los humanos. Esto ha dado legitimidad a las grandes empresas y corporaciones transnacionales, como titulares de derecho, para explotar y degradar la Naturaleza con el único objetivo de su beneficio particular.
Por eso, el jurista y profesor de la Universidad de Buenos Aires Fernando Cabaleiro propuso la fórmula de “derechos de la Naturaleza” como un nuevo mecanismo jurídico para superar los fracasos del Derecho y promover una protección genuina de los ecosistemas. El Derecho no puede seguir actuando sólo como un mecanismo de control social, ni puede seguir permitiendo la actuación incontrolada de los grandes capitales extractivos que financian a políticos y gobiernos a costa de los derechos humanos y ecológicos. La democracia debe anteponer el bien común, incluidos los bienes ecosistémicos, por encima de los intereses de las corporaciones.
La Iniciativa Legislativa Popular para reconocer personalidad jurídica y derechos propios a la Laguna del Mar Menor y su Cuenca, situada en la Región de Murcia (España), se une al movimiento mundial de la defensa de los derechos de los ecosistemas. Esta iniciativa legal está recogida en el informe de 28 de julio de 2020 del Secretario General de las Naciones Unidas Armonía con la Naturaleza y se cita como ejemplo a seguir en la Unión Europea. El pasado 5 de junio, en el Día Internacional del Medio Ambiente, la diputada del Parlamento Europeo Marie Toussaint afirmaba que la ILP del Mar Menor debe ser un modelo a seguir, tanto por la ciudadanía de los diferentes países de Europa como por los dirigentes de la Unión Europea. El Ocean Race Summits, que se celebró el 16 de junio, tuvo como objeto los derechos de la Naturaleza y en particular los derechos de los océanos, y en este encuentro internacional de alto nivel ocupó un lugar central la ILP del Mar Menor. Se trata de la vanguardia jurídica del siglo XXI.