El Laboratorio conversa con Beatriz Felipe Pérez

Beatriz Felipe Pérez es investigadora y socia cofundadora de CICrA Justicia Ambiental, cooperativa para la que trabaja actualmente. Investigadora asociada al Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT) de la Universidad Rovira i Virgili (URV, Tarragona). Especializada en el análisis jurídico y multidisciplinar de la movilidad humana inducida por los desastres y el cambio climático, también se ha centrado en la ciencia del cambio climático, la educación para la justicia global y la cooperación internacional. Licenciada en Ciencias Ambientales y doctora en Derecho por la Universidad Rovira i Virgili, con una tesis titulada Migraciones climáticas: retos y propuestas desde el Derecho Internacional. Premio Josep Miquel Prats a la mejor tesis doctoral en Derecho ambiental 2016 (modalidad 1). Entre otras publicaciones, es autora de Las migraciones climáticas ante el ordenamiento jurídico internacional (Aranzadi, 2019). Colaboradora de la plataforma Migraciones Climáticas.

Beatriz, muchas gracias por concedernos esta entrevista. En el fenómeno de las migraciones humanas hay siempre dos polos a tener en cuenta: por un lado, las sociedades de las que parten las personas migrantes; por otro lado, las sociedades receptoras. Estas últimas suelen hablar del «efecto llamada», sobre todo para justificar las medidas de rechazo, pero se habla muy poco del «efecto huida», de las razones por las que las personas abandonan su casa y su país para buscar otro lugar donde poder vivir. ¿Cuáles son los principales factores que provocan esa «huida»?

Muchas gracias a ustedes por contribuir a la reflexión y a la difusión de estos temas.

Los movimientos de población rara vez ocurren por un solo motivo. Más bien se trata de un conjunto de factores (externos y personales) que, en conjunto, inducen la movilidad humana. Entre otros, estos factores pueden ser económicos, políticos, sociales o demográficos y se materializan en pobreza, conflictos armados, inestabilidad política, persecuciones religiosas, falta de oportunidades e incluso de alimentos, violencias machistas… A estos factores se suman los ambientales y los climáticos, menos visibilizados, pero que también influyen en la expulsión de las personas de sus hogares.

Dentro de los factores ambientales podemos identificar los accidentes industriales, fenómenos naturales como las erupciones volcánicas o los terremotos, incendios, contaminación y una gestión incorrecta de las fuentes de agua, despojo y expulsión por parte de empresas que construyen proyectos de “desarrollo” (hidroeléctricas, minería, etc.) y los impactos de la crisis climática. Como se explica claramente en el último informe del IPCC, publicado en agosto de 2021, la escala de los cambios recientes en el sistema climático en su conjunto y el estado actual de muchos aspectos del sistema climático no tienen precedentes previos en los últimos miles de años. La crisis climática debida a las actividades humanas ya está provocando alteraciones en la frecuencia e intensidad de muchos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en todas las regiones del mundo. Los impactos repentinos, como las inundaciones y los huracanes, y los de desarrollo lento, como la acidificación de los océanos, la elevación del nivel del mar, la desertificación y la pérdida de biodiversidad, afectan directa e indirectamente a las condiciones de vida de las personas (alimentación, agua, empleo, etc.) y dan lugar a diferentes formas de movilidad humana, como evacuaciones, desplazamientos temporales, reubicaciones colectivas e incluso traslados internacionales.

El cambio climático y la degradación ambiental se han convertido en la causa principal de las migraciones actuales. Tú has estudiado su impacto en determinados colectivos y áreas geográficas del planeta, como las comunidades indígenas y campesinas de América Latina y el Caribe. ¿Cuáles son las peculiaridades de estas regiones y de los colectivos que se ven forzados a migrar?

Si bien en los últimos años los vínculos entre los impactos de la crisis ambiental y climática y la movilidad humana son cada vez más evidentes, creo que no podemos afirmar que sean la causa principal de las migraciones forzadas actuales. Bajo mi punto de vista, los factores ambientales y climáticos se suman al conjunto de causas que hacen que las personas abandonen sus hogares e incluso interactúan y potencian otras, como los conflictos, pero no creo que sean la causa principal de los movimientos de población que se están dando hoy en día. Considero que estas migraciones más bien son consecuencia de un injusto y depredador sistema económico global, heredado del colonialismo, en el que, por lo general, se permite y facilita el flujo del capital y de las materias, pero no de las personas “que no interesan” a las dinámicas del capitalismo neoliberal.

Aun así, sí es cierto que hay algunas regiones del planeta y colectivos que se ven más afectados por la crisis climática que otros. Esto se debe a motivos geográficos y al funcionamiento del propio sistema climático, pero también, y de manera más importante, a las limitaciones y opresiones que son el resultado de las relaciones geopolíticas actuales e históricas. Las personas en situación de pobreza, especialmente en las periferias del sistema-mundo capitalista, son quienes cuentan con menos herramientas y con más restricciones para poder hacer frente y adaptarse a los impactos climáticos. A menudo, las personas más afectadas y con menores capacidades para hacer frente a los impactos de la crisis climática se encuentran tan limitadas que ni siquiera cuentan con los recursos para poder migrar, son las “poblaciones atrapadas”.

Los pueblos indígenas, a su vez, suelen vivir en zonas rurales que son sus territorios ancestrales y tienen un vínculo muy estrecho con la tierra, por lo que las alteraciones en los patrones de las lluvias, las sequías o el deshielo tienen impactos severos en su alimentación, sustento y cultura. En algunas pequeñas islas de escasa elevación en El Caribe o en el Pacífico, como en Gunayala, Vanuatu o Fiji, donde la elevación del nivel del mar y las tormentas están afectando muy seriamente a sus habitantes, ya están teniendo lugar reubicaciones de población. Estas reubicaciones suelen ser procesos largos y complejos, en los que se tienen que superar diferentes retos y tensiones. Muchas personas en estos casos no quieren marcharse y abandonar sus hogares a pesar de conocer los riesgos que significa quedarse.

Otro aspecto del que también te has ocupado es la necesidad de comprender las migraciones actuales desde una perspectiva de género. ¿Cómo se ven afectadas las mujeres, tanto en sus sociedades de origen como en el proceso mismo de la migración y en los papeles sociales que adoptan o que se les imponen en las sociedades receptoras?

Como analizamos en el informe publicado por ECODES en 2019, Perspectiva de género en las Migraciones Climáticas, de una forma o de otra la discriminación hacia las mujeres y las niñas ha sido un elemento constante en la mayoría de las sociedades a lo largo de la historia de la humanidad y en todo el planeta. Los roles establecidos para las mujeres y las expectativas sociales y personales asociadas a ellos han determinado su posición social en la familia y en la comunidad, a menudo subordinada y centrada en los cuidados. Además, los impactos de la crisis climática inciden directamente en factores imprescindibles para la vida, como el agua o la alimentación, de los que las mujeres y las niñas suelen tener que hacerse cargo. A la luz de lo anterior, se puede entender que las mujeres y las niñas se enfrentan a los mismos impactos climáticos que los hombres, pero desde una posición mucho más complicada. Durante los procesos migratorios, también se exponen en mayor medida a ser víctimas del tráfico de personas con fines de explotación sexual y a otras formas de violencia machista. En las sociedades de destino, a menudo acaban ocupando puestos de trabajo precarios, nuevamente asociados a los cuidados, sufriendo, además, fuertes cargas psicológicas por la familia que tuvieron que dejar atrás.

Teniendo en cuenta tu doble formación en Ciencias Ambientales y en Derecho, ¿crees que sigue siendo pertinente distinguir entre los refugiados políticos que escapan «forzosamente» y tienen derecho a solicitar «asilo», y los «migrantes económicos» que abandonan «libremente» su país y que por tanto no pueden reclamar el derecho de acogida? ¿Crees que sería necesario un nuevo marco jurídico e institucional para la gestión de las migraciones internacionales?

Creo que las realidades de las migraciones del siglo XXI son muy diferentes a las de los años ’50 del siglo pasado, cuando se adoptó la Convención de Ginebra para el Estatuto de los Refugiados (1951). Bajo mi punto de vista, es injusto considerar que las personas que en este último año han arriesgado su vida cruzando desde las costas africanas hacia Canarias, quienes intentan atravesar el Mediterráneo o quienes están abandonando Centroamérica intentando llegar a Estados Unidos atravesando México son “migrantes económicos” y que, por eso, no merecen un sistema de protección y de acogida digno. Lo cierto es que la terminología “migrante económico” enmascara el conjunto de vulneraciones sistemáticas de derechos humanos que fuerza a estas personas a verse empujadas a tomar la decisión de migrar. En definitiva, considero que hoy en día esta división entre movilidad humana forzada y voluntaria es muy poco adecuada.

Aunque creo que sería necesario un nuevo marco jurídico e institucional para abordar la gestión de las migraciones internacionales, quizá sea más realista proponer la actualización, ampliación y aplicación efectiva de los instrumentos ya existentes. La normativa actual se podría adaptar a las realidades de nuestros tiempos y dar cabida a los nuevos contextos migratorios; pero, para ello, hace falta mucha mayor voluntad política. En este sentido, no creo que sea el momento para abrir la Convención de Ginebra e incluir las causas climáticas directamente o redefinir el concepto de persecución y persecutor, pero sí creo que esta normativa ya se puede interpretar para incluir ciertos casos de migraciones climáticas internacionales. Asimismo, otros marcos jurídicos internacionales, regionales y nacionales pueden ser interpretados para dar cabida a factores de expulsión, como los climáticos, que generan situaciones tan graves como los reconocidos tradicionalmente.

Uno de los fenómenos más novedosos de las migraciones contemporáneas son los movimientos de rechazo xenófobo que suscitan en los países receptores, el aumento de los partidos y gobiernos de ultraderecha, la multiplicación de muros fronterizos y de políticas que criminalizan a los migrantes, y la externalización del control migratorio, como está haciendo la Unión Europea. ¿Cómo valoras este fenómeno, especialmente en el caso de Europa?

Bajo mi punto de vista, es un sinsentido. En el caso concreto de las migraciones climáticas, la Unión Europea (UE), los Estados miembros y las empresas con sede en su territorio o que operan en el mismo tienen una gran responsabilidad debido a sus emisiones históricas y presentes y a las relaciones comerciales injustas e insostenibles. Lo lógico sería que, como forma de asumir estas responsabilidades, esos actores asumieran la obligación de proteger a las poblaciones más afectadas desde la óptica de la solidaridad y la cooperación. Sin embargo, la UE (y la mayoría de sus Estados miembros) ha mantenido un papel muy secundario en cuanto a las migraciones climáticas se refiere. Se han abordado en diferentes resoluciones y otros documentos como si pudieran suponer una amenaza para la seguridad de la UE. Los partidos y gobiernos de ultraderecha utilizan este enfoque, junto con el uso de las cifras masivas y narrativas alarmistas con escaso rigor científico, para culpar de los supuestos males de sus países a las personas migrantes, presentándolas como un peligro para los sistemas de creencias y valores existentes e incluso como una potencial fuente de terrorismo y violencia de género. Por ello, creo que es importante informar con rigor y con cuidado a la ciudadanía, haciendo hincapié en la visibilización de las responsabilidades globales y en la injusticia que supone en sí el cambio climático, sin buscar llamar la atención a toda costa, pues esto, en lugar de ayuda a incrementar la acción climática o al desarrollo de políticas migratorias más justas, está teniendo el efecto contrario.

Finalmente, hablemos de justicia global y justicia ambiental. ¿Cuáles son, en tu opinión, las políticas nacionales e internacionales que deberían ponerse en marcha, para responder de manera solidaria al reto de las migraciones contemporáneas, y en particular a las migraciones climáticas, que previsiblemente irán aumentando a medida que aumente el calentamiento global?

Partiendo del principio climático de las “responsabilidades comunes, pero diferenciadas” (artículos 3 y 4 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1992), los Estados enriquecidos del Norte global son quienes tienen el deber de desarrollar las políticas necesarias y los mecanismos de protección jurídica para compensar a las naciones y personas más afectadas. En mi opinión, se deben desarrollar e implementar políticas con mucha mayor contundencia para evitar que ningún ser humano se vea ante la necesidad de abandonar su hogar y de jugarse la vida buscando un futuro mejor. En el caso concreto de las migraciones climáticas, los Estados enriquecidos deben aumentar su ambición climática y comprometerse realmente a detener el aumento de la temperatura global en 1,5ºC, de conformidad con el Acuerdo de París. Asimismo, es esencial que en el desarrollo e implementación de las políticas de mitigación y de adaptación al cambio climático se incluya el respeto a los derechos humanos.

También es importante fortalecer los instrumentos multilaterales de financiación y que los países industrializados realicen mayores aportaciones económicas para ayudar a la adaptación in situ de las comunidades más afectadas en los países más vulnerables ante la crisis climática. Por otro lado, es importante avanzar más rápidamente hacia interpretaciones más amplias e inclusivas de la definición jurídica de persona refugiada y garantizar el principio de no devolución así como incorporar los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (1998) en los ordenamientos jurídicos nacionales. Además de lo anterior, también se deben crear acuerdos regionales que permitan una migración digna a las y los habitantes de Estados vulnerables al cambio climático que quieran trasladarse a otros Estados menos vulnerables (pero más responsables de esta crisis global).